Kenia López Rabadán pide investigar presuntos vínculos de políticos “de cualquier partido” con el narco tras declaraciones de la DEA

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, hizo un llamado a que se investiguen los posibles vínculos de políticos “de cualquier partido” con el narcotráfico, luego de las declaraciones de Terrance Cole, director de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

En entrevista con medios de comunicación, subrayó que la gravedad de las acusaciones obliga a la actuación responsable y transparente de todas las instituciones mexicanas, sin distinción partidista.

López Rabadán explicó que la Comisión Permanente del Congreso está construyendo un acuerdo para fijar una postura pública y plural sobre la protección de los derechos de los mexicanos en Estados Unidos.

Señaló que la muerte del migrante mexicano, Lorenzo Salgado, en Houston, así como otros hechos similares, han generado preocupación en todos los grupos parlamentarios.

Destacó que, como presidenta de la Cámara de Diputados, propuso generar un documento conjunto que exprese el compromiso del Congreso con la defensa de la vida y los derechos humanos sin fronteras.

Durante su posicionamiento público, López Rabadán afirmó que no se debe minimizar las declaraciones del director de la DEA, quien ayer acusó que “existe una conexión mortal entre las redes de los cárteles y el gobierno, y ha llegado a señalar que ambos son la misma cosa”.

La legisladora del PAN calificó la acusación como “de enorme gravedad” y enfatizó que no debe aceptarse sin pruebas, pero tampoco ignorarse.

Afirmó que estas declaraciones obligan a las instituciones mexicanas a actuar con responsabilidad y a demostrar con investigaciones firmes y objetivas cuando surgen señalamientos sobre posibles vínculos entre organizaciones criminales y personas en el poder.

Para la legisladora, la respuesta de México no debe limitarse a rechazar las declaraciones ni atribuirlas solo a motivos políticos y aseveró que en cambio, se debe demostrar que nadie está por encima de la ley.

“Corresponde a las instituciones mexicanas responder con hechos... Se deben realizar investigaciones serias e independientes, presentar resultados comprobables y actuar con absoluta transparencia.

“México debe demostrar que ninguna autoridad está por encima de la ley, que no hay tolerancia, protección ni impunidad frente a posibles vínculos entre servidores públicos y organizaciones criminales”, remarcó.

Subrayó que esta exigencia incluye a funcionarios de cualquier partido, nivel de gobierno o responsabilidad.

“Si las investigaciones acreditan que algún funcionario de cualquier partido, gobierno o nivel de responsabilidad tiene vínculos, brinda protección o utiliza recursos públicos al servicio de una organización criminal, esa relación debe terminarse de inmediato y ser sancionada.

“Con todo el peso de la ley. No puede haber encubrimiento, protección política ni cálculos partidistas”, puntualizó.

La diputada se refirió a la atención especial que requieren los casos de Baja California y Sinaloa, donde existen señalamientos públicos sobre posibles relaciones entre autoridades y el crimen organizado.

Aclaró que no se puede afirmar que los funcionarios sean cómplices, pero tampoco se puede descartar esa posibilidad solo con declaraciones políticas.

Insistió en que si las investigaciones acreditan que algún funcionario, sin importar su partido o cargo, tiene vínculos, da protección o utiliza recursos públicos para beneficiar a organizaciones criminales, esa relación debe terminarse de inmediato y ser sancionada conforme a la ley, sin encubrimiento ni cálculos partidistas.

López Rabadán contextualizó que los señalamientos del director de la DEA ocurren en un entorno de acusaciones judiciales, testimonios y decisiones administrativas que deben ser esclarecidos por las autoridades mexicanas.

También mencionó la reciente decisión de Estados Unidos de designar al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas globales, lo cual incrementa la presión internacional sobre México y tiene consecuencias directas para la relación bilateral.

Pidió que las instituciones mexicanas den un ejemplo claro y apegado a la legalidad, demostrando con hechos su compromiso con la ciudadanía y la transparencia.

Consultada sobre casos como la extradición de García Cabeza de Vaca o el regreso al cargo de Rocha Moya en Sinaloa, López Rabadán recalcó que la exigencia es la misma para todos:

“Quienes están en el ejercicio de poder, quienes son señalados por autoridades internacionales o por la misma ciudadanía mexicana, deben ser investigados y, en su caso, sancionados”.

Precisó que no se trata de esperar pruebas del extranjero, sino de hacer cumplir la ley nacional y garantizar procesos claros y sin encubrimientos, sin importar la filiación política.

López Rabadán también opinó sobre la actuación de la Fiscalía General de la República en la devolución a Estados Unidos de un piloto vinculado al narcotráfico.

Consideró que estos hechos requieren ser esclarecidos y transparentados ante la opinión pública, reiterando la obligación institucional de informar y rendir cuentas.