Este martes en conferencia matutina, Claudia Sheinbaum afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debería detallar los argumentos jurídicos que llevaron a impedir que el Congreso de Nuevo León proceda un juicio político contra el gobernador Samuel García. .
La presidenta admitió que no conoce los detalles de la resolución, pero insistió en que la Suprema Corte debe exponer públicamente sus fundamentos:
“La ministra debe explicar cuáles fueron las consideraciones que tomó”, afirmó Sheinbaum ante los medios, al ser cuestionada sobre la suspensión otorgada por la ministra Estela Ríos.
Según la presidenta, los juicios políticos a gobernadores están previstos en las constituciones estatales, por lo que corresponde al máximo tribunal justificar su intervención.
Sheinbaum exige transparencia en la decisión de la Suprema Corte
El pasado 13 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó una suspensión para evitar la destitución o inhabilitación de Samuel García en el juicio político iniciado por el Congreso de Nuevo León.
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La ministra Estela Ríos argumentó que separar al gobernador podría ocasionar un daño considerable a la administración pública estatal, por lo que determinó mantenerlo en el cargo mientras se resuelve el fondo del caso.
El proceso legislativo responde a denuncias de corrupción y presuntos actos indebidos atribuidos a García Sepúlveda, promovidas tanto por opositores como por integrantes de Morena en la entidad.
La suspensión de la SCJN ha provocado una fuerte reacción en el Congreso local, donde diputados de diferentes partidos calificaron la resolución como un “blindaje” judicial al mandatario estatal.
Durante su intervención en la conferencia matutina, Sheinbaum subrayó que la resolución debe ser completamente pública y detallada.
“Voy a ver los argumentos que da la ministra, pero lo que sé es que hay esta investigación por parte del propio congreso y que tendría que definir el propio congreso si procedió o no”, indicó la presidenta.
Reiteró que esperará a conocer el texto íntegro de la resolución y las pruebas presentadas en el proceso legislativo antes de emitir una valoración final.
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Enfrentamiento político y judicial en Nuevo León
El juicio político contra Samuel García se enmarca en una serie de disputas entre el Ejecutivo estatal y el Congreso de Nuevo León. Desde finales de 2025, legisladores han promovido investigaciones y procedimientos por supuestas irregularidades administrativas y actos de corrupción cometidos durante la gestión de García Sepúlveda.
La confrontación escaló después de que el Congreso local aprobara iniciar el proceso de juicio político, lo que abriría la puerta a su destitución e inhabilitación.
La intervención de la Suprema Corte modificó el escenario político en la entidad. La ministra Estela Ríos consideró que la remoción del gobernador podría afectar la gobernabilidad y los intereses públicos en el estado.
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Por ello, dictó una suspensión para impedir cualquier resolución que implique la destitución o inhabilitación de García hasta que se resuelva el fondo del asunto.
El fallo de la SCJN fue recibido con críticas por parte de la oposición y de algunos sectores de la sociedad civil, quienes consideran que la decisión limita la autonomía del Congreso estatal y podría sentar un precedente para otros casos similares en el país.
En contraste, legisladores afines al Ejecutivo estatal celebraron la suspensión como una garantía para la estabilidad política de Nuevo León.
En la conferencia de prensa, Sheinbaum insistió en que la Suprema Corte debe detallar los fundamentos de la suspensión y transparentar el procedimiento.
“Es la ministra quien tiene que dar toda la información de por qué toma esta decisión”, añadió.
La presidenta reiteró que esperará a conocer los documentos oficiales y las pruebas presentadas por el Congreso antes de emitir un posicionamiento definitivo.
SCJN blinda a Samuel García: impide su destitución
La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó una suspensión para evitar que el Congreso de Nuevo León destituya o inhabilite a Samuel García en el marco del juicio político promovido en su contra.
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La medida fue dictada por la ministra Estela Ríos, quien consideró que retirar al gobernador podría causar un daño significativo en la administración estatal. El fallo mantiene a García en funciones mientras se resuelve el fondo del caso, que incluye acusaciones por presuntos actos de corrupción.
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