Más allá del decomiso: la nueva estrategia de la FGR para desmantelar estructuras criminales de huachicol fiscal

La Fiscalía General de la República reorientó su estrategia contra el contrabando de combustible para ir más allá del decomiso y desmantelar por completo las estructuras financieras, logísticas y empresariales que sostienen este delito. El objetivo ya no es solo asegurar hidrocarburos ilegales, sino llevar ante la justicia a todos los eslabones de la cadena criminal.

A diferencia del robo por tomas clandestinas, el llamado huachicol fiscal opera a través de redes de empresas fachada, importadores, agentes aduanales y esquemas financieros sofisticados. Estas organizaciones introducen combustible de procedencia ilícita, evaden el pago de impuestos y lo comercializan de forma encubierta en el mercado nacional.

Cómo operan las redes de contrabando

De acuerdo con las autoridades, las organizaciones criminales utilizan rutas marítimas con documentación falsa para simular importaciones legales. Una vez que el combustible llegaba a puertos nacionales, era descargado sin declarar y almacenado en instalaciones clandestinas para después distribuirlo a estaciones de servicio y clientes industriales.

Por vía terrestre, el combustible se mezclaba con producto de origen legal para dificultar su identificación. Así se incorporaba al mercado a través de redes de distribución diseñadas para ocultar su procedencia ilícita.

Los trabajos de inteligencia de la FGR y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México detectaron también una red de contrabandistas ferroviarios. Estos declaraban ante las autoridades volúmenes mucho menores a los que realmente transportaban, o registraban la carga como si fuera otro producto con una carga fiscal distinta.

Quiénes integran la estructura criminal

En el esquema participan empresas importadoras, agentes aduanales, empresas destinatarias del combustible, operadores ferroviarios y firmas encargadas de la dispersión financiera. Todos actúan de forma coordinada para fragmentar la trazabilidad de la operación y aparentar que el producto tiene un origen lícito.

Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) establecieron que todas estas operaciones forman parte de una misma estructura criminal. Los estados de Coahuila, Durango y Zacatecas funcionan como nodos logísticos que conectan las operaciones marítimas, ferroviarias y terrestres.

A raíz de los hechos, la estrategia de la FGR no se limita al aseguramiento del combustible. El objetivo es identificar a quienes financian estas organizaciones, localizar las empresas utilizadas para simular operaciones, investigar a los responsables de la logística y seguir la ruta del dinero.

A continuación, las líneas de acción que definen esta nueva etapa:

1. Identificar a los financiadores de las redes criminales.
2. Localizar y documentar las empresas fachada utilizadas para simular operaciones legales.
3. Investigar a los responsables de la logística de transporte y almacenamiento.
4. Rastrear el flujo financiero de los recursos obtenidos ilícitamente.
5. Recuperar activos obtenidos de forma ilegal.
6. Llevar ante la justicia a todas las personas involucradas, sin excepción.

Los operativos y sus resultados

En la modalidad marítima, la FGR aseguró el buque Challenge Procyon en el puerto de Tampico, Tamaulipas, donde se decomisaron alrededor de 10 millones de litros de diésel, además de tractocamiones, autotanques, documentación aduanera e infraestructura de almacenamiento. La operación dejó un impacto económico aproximado de 372 millones de pesos para la organización criminal y derivó en la detención de dos personas.

En Ensenada, Baja California, fue asegurado el combustible descargado del buque TORM AGNES: 8 millones 892 mil litros de hidrocarburo localizados en un predio de El Sauzal. Tres personas fueron detenidas y permanecen vigentes órdenes de aprehensión contra otros presuntos responsables, con un impacto económico estimado en 154 millones 920 mil 363 pesos.

En la modalidad ferroviaria, la FGR aseguró 170 ferrotanques con 18 millones 900 mil litros de hidrocarburo en San Luis Potosí, Nuevo Laredo, Tampico y Coahuila, además de una espuela ferroviaria en Coahuila de Zaragoza. El daño a la estructura logística de la organización se estimó en 238 millones 818 mil pesos, y permanecen abiertas líneas de investigación relacionadas con más de 70 personas físicas y morales en nueve entidades del país.

El caso Matamoros: el esquema de mayor dimensión

Una indagatoria que trascendió al ámbito público reveló uno de los esquemas de contrabando de combustibles de mayor dimensión detectados en el país, con operaciones concentradas en la Aduana de Matamoros, Tamaulipas. Como resultado, se aseguraron aproximadamente 15 millones de litros de hidrocarburos, 129 ferrotanques, tractocamiones y autotanques.

Las investigaciones derivaron en órdenes de aprehensión que llevaron a la detención y vinculación a proceso de posibles integrantes de la organización. El seguimiento incluyó una red conformada por empresas, operadores logísticos y servidores públicos presuntamente involucrados.

Desde entonces, el combate al huachicol fiscal representa una nueva etapa en la lucha contra la delincuencia organizada, donde las investigaciones apuntan a desmantelar estructuras financieras y empresariales completas. La FGR reiteró su compromiso de continuar con rigor científico, coordinación institucional y estricto apego a la ley para proteger el patrimonio de la Nación.

La institución subrayó que el propósito final es evitar que recursos que pertenecen a las y los mexicanos terminen financiando a organizaciones criminales. Quienes cometan estos delitos enfrentarán la justicia.