La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) decidió reservar por cinco años toda comunicación diplomática entre México y Estados Unidos relacionada con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, ambos señalados por autoridades estadounidenses de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. Además, la dependencia a cargo de Roberto Velasco clasificó por tres años la minuta de la reunión sostenida el 21 de mayo en Palacio Nacional entre la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad, y el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Markwayne Mullin, encuentro donde, según trascendió, se habría planteado la posible entrega de ambos políticos.
Lo que la SRE admite que existe, pero no deja ver
De acuerdo con la resolución del Comité de Transparencia, a partir de solicitudes de acceso a la información presentadas el 26 de mayo, los documentos reservados contienen:
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- Posiciones institucionales de ambos gobiernos
- Solicitudes y mecanismos de cooperación internacional
- Estrategias de coordinación intergubernamental
- Elementos sobre la conducción de la interlocución diplomática
La Cancillería argumentó que existe “riesgo de perjuicio” al divulgar la información y que ese riesgo “supera el interés público”, además de advertir que la difusión “podría menoscabar las relaciones de confianza necesarias para el trabajo diario de las representaciones” de ambos países.
El expediente que sí es público en Estados Unidos
Lo reservado por la SRE contrasta con lo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya hizo público desde el 29 de abril de 2026, cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York formalizó una acusación contra Rocha Moya, Inzunza y ocho funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. El expediente estadounidense, firmado por los fiscales Jay Clayton y Terrance Cole, describe presunta colusión con la facción “Los Chapitos” desde el proceso electoral de 2021, así como cargos por conspiración para importar fentanilo y posesión de armas.
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Lo que permanece bajo reserva mexicana, en cambio, es exclusivamente la parte diplomática: qué se dijeron los gobiernos de México y Estados Unidos entre sí, y qué papel jugó específicamente la reunión con Mullin en ese proceso.
Entre el fuero, las cuentas congeladas y el bajo perfil
Mientras la interlocución oficial permanece oculta, los efectos del caso sí son públicos: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de ambos políticos, Inzunza compareció ante la Fiscalía General de la República en calidad de entrevistado —sin imputaciones formales en México— y Rocha Moya solicitó licencia al gobierno de Sinaloa. Sheinbaum ha insistido en que Estados Unidos debe presentar pruebas antes de proceder con cualquier detención con fines de extradición, y ha señalado que, de no existir, las acusaciones tendrían un trasfondo político.
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Lo que sigue sin confirmarse oficialmente
Hasta el momento, no ha sido confirmado oficialmente si el gobierno mexicano respondió de manera formal al planteamiento que Estados Unidos habría hecho en la reunión del 21 de mayo, ni si existe una postura definida sobre una eventual entrega de los señalados. Tampoco hay información pública sobre el contenido específico de las comunicaciones que la SRE decidió blindar por cinco años.
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