Mientras México sangra, persiguen a sus jueces

El gobierno en el poder te hizo creer que destruyendo la estructura del Poder Judicial de la Federación, cesando a los jueces y magistrados de carrera judicial, este México sería otro, no habría rezagos en impartición de justicia, impunidad, delincuencia y vivirías seguro ya que la comisión de ilícitos disminuiría; eso es lo que te dijeron y otra la realidad que vivimos.

Vemos a madres buscadoras que excavan la tierra con sus propias manos en busca de sus hijos, arrodillándose ante la autoridad, suplicando por la búsqueda de sus hijos, porque se les permita manifestarse, ser escuchadas, ser recibidas por la Presidenta de este país, y sí, claro que sí, duele verlas suplicando lo que es una obligación del estado, brindar seguridad, evitar desapariciones y una vez que estas tuvieron lugar su obligación de buscar, localizar a los ciudadanos y devolverlos sanos y salvos a su casa.

Duele ver imágenes de como es secuestrada y sacada con uso de violencia una periodista de su hogar, frente a su familia, y cómo semanas después son detenidos los probables responsables (agentes del orden) y encontrada sin vida la mujer, madre, esposa e hija; una profesionista dedicada a su familia y a su trabajo.

Duele ver a tantos periodistas y comunicadores en nuestro país desaparecidos y encontrados posteriormente sin vida, muchos de ellos según dicen las notas periodísticas torturados; y pareciera el común denominador, previo a sus desapariciones o denunciaron a alguien o ventilaron alguna cuestión del gobierno en el poder.

Duelen tantos homicidios y feminicidios en México sin resolver; tantos delitos cometidos que terminan en impunidad.

Pero mientras, el poder del estado federal está dedicado a perseguir a los jueces y magistrados que en el momento en que estuvieron activos resolvieron acorde a la Constitución, a las leyes que de ella emanan, la jurisprudencia y la convencionalidad.

Así es, en lugar de hacer uso de la fuerza pública del estado en la protección y seguridad de la ciudadanía, la han encaminado a reprimir a los jueces que lucharon en contra de la destrucción de la división de poderes, de la independencia judicial y a favor de la justicia y la democracia en nuestro país.

Pareciera que el principal enemigo de este gobierno no es la delincuencia organizada, no es la inseguridad, somos los mexicanos que exigimos justicia, los jueces y magistrados que realizaban o realizan su trabajo apoyados en la Constitución, en la Ley de Amparo, en la aplicación de la convencionalidad en cada uno de los asuntos a su cargo, protegiendo a los ciudadanos de la arbitrariedad de la autoridad.

La actuación del gobierno nos hace ver como que los enemigos del gobierno, somos los que hablamos con verdad, los que exigimos que cada autoridad haga la labor que le corresponda, que se cumpla con la Ley, los que queremos un México justo y próspero, los que disentimos con las políticas públicas, los que no pensamos como se desea y expresamos inconformidad.

Los enemigos del gobierno, al parecer, somos los jueces y magistrados que osamos resolver cuestiones jurídicas en el sentido que no era deseado por el gobierno; las madres buscadoras que exigen respuestas y resultados respecto al paradero de sus hijos; los periodistas que exigen se respete su profesión y la libertad de expresión, todos aquellos mexicanos que disentimos con el gobierno en el poder y tenemos el valor de expresar nuestros pensamientos.

Veo a mi México, y no puedo dejar de preguntarme:

¿Tantos muertos en pandemia por políticas públicas erróneas y promesas de vacunas no cumplidas, no representa una tragedia humana cuyas responsabilidades históricas aún deberán esclarecerse?

¿La falta de tratamientos y medicamentos en los hospitales del gobierno por falta de presupuesto, no llevan a aumentar tasas de mortalidad?

¿El actuar de nuestro gobierno, no se asemeja al de las dictaduras?

¿En las dictaduras no se persiguió y reprimió a los opositores al gobierno?

¿No se persiguió y reprimió a los poderes judiciales independientes, para hacerlos obedientes al régimen?

Y entonces reflexiono, ninguna dictadura o gobierno con esos tintes es eterno, la historia ha documentado que tarde o temprano todos han caído; los responsables de crímenes de lesa humanidad, genocidio y otras graves violaciones, han sido perseguidos y algunos de ellos castigados aun cuando haya sido décadas después y por gobiernos extranjeros bajo el principio de jurisdicción universal.

México no es idéntico a ninguno de los casos que pudiera documentar, y cada proceso histórico tiene características propias. Sin embargo, la experiencia comparada invita a reflexionar sobre el valor de los contrapesos institucionales, la independencia judicial y la rendición de cuentas. La historia enseña que cuando un Estado debilita esos mecanismos y se cometen violaciones graves al orden jurídico, la responsabilidad de quienes participaron, ordenaron, ejecutaron o encubrieron esos actos puede trascender el tiempo y las fronteras.

La fuerza del Estado debería estar dirigida a combatir la violencia, proteger periodistas, encontrar desaparecidos, investigar redes criminales y garantizar seguridad. No a intimidar juzgadores.

La justicia constitucional no puede convertirse en delito político.

Y quienes hoy pretenden castigar a jueces y magistrados por haber cumplido con su función, descuidando la seguridad de la ciudadanía y permitiendo la comisión de ilícitos e impunidad, deberían recordar que el poder es temporal, pero la responsabilidad institucional permanece, y ésta llega, aun cuando sea bajo el principio de jurisdicción universal.

Mientras el país reclama justicia frente a la violencia, el poder político dirige su fuerza contra quienes impartieron justicia.

* María del Socorro López Villarreal. Juez de Distrito en Retiro. Integrante de la Directiva de JUFED e integrante del Observatorio de la Justicia.