Auditoría Superior de la Federación presenta 21 denuncias penales por posibles daños de 600 millones de pesos

La Comisión de Vigilancia en la Cámara de Diputados recibió la primera entrega de informes correspondientes a la Cuenta Pública 2025

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Tensión en Calzada de Tlalpan: chocan madres buscadoras y policías tras manifestación previo al partido México contra Ecuador. (Foto: Cámara de Diputados)
Tensión en Calzada de Tlalpan: chocan madres buscadoras y policías tras manifestación previo al partido México contra Ecuador. (Foto: Cámara de Diputados)

Este 30 de junio de 2026, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cámara de Diputados recibió la primera entrega de informes individuales correspondientes a la Cuenta Pública 2025, el titular de la dependencia fiscalizadora, Aureliano Hernández Palacios Cardel, destacó la presentación de 21 denuncias penales por daños al erario de más de 600 millones de pesos.

El auditor superior resaltó que lo anterior deriva de una pronta actuación por parte de la dependencia, la cual está facultada para presentar denuncias sin esperar a que el proceso fiscalizador concluya.

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ASF pasa a nuevo modelo de fiscalización integral

Adicional a los procesos penales, también se presentaron 30 expedientes de responsabilidad administrativas graves ante la autoridad sustanciadora, estas son resultado de la detección de colusiones y contratación indebida en procedimientos de contratación pública.

“Rompimos el paradigma de la fiscalización, pasamos de una fiscalización fragmentada a una fiscalización integral”, detalló Hernández Palacios, advirtiendo que el método será aplicado a las 32 entidades federativas y a los más de dos mil 200 municipios-alcaldías.

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Adelantó que por primera vez se realizará la fiscalización de todas las dependencias federales, por lo que llevarán a cabo 209 procedimientos; se alcanzará la revisión de mil 733 entes públicos de todos los órdenes de gobierno, es decir, dependencias federales, entidades federativas, municipios, alcaldías, organismos públicos descentralizados y demás entes públicos que ejercen recursos federales.

Un informe con enfoque ciudadano

Tal y como lo propuso al asumir funciones, Hernández Palacios precisó la presentación de un informe con enfoque ciudadano, el cual es “accesible y comprensible, con el cual de un solo vistazo y de manera inmediata cualquier persona puede conocer qué revisamos, qué encontramos y qué concluimos de forma clara y sencilla, y el informe individual de auditoría con un nuevo diseño y narrativa enfocado a la ciudadanía”.

La entrega de este martes, contiene los resultados de las auditorías realizadas a las 32 entidades federativas y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tras la distribución y el pago de la parte correspondiente del presupuesto federal a los municipios y alcaldías, llevando a cabo la verificación de 29 mil 736 transferencias de recursos correspondientes a todas y cada uno de los dos mil 478 entes de este orden de gobierno.

Tras la intervención de la Auditoría Superior, se recuperaron para los municipios los fondos que no habían sido transferidos, antes de que concluyeran las auditorías. De este modo, solo quedó pendiente la aclaración de la transferencia de 1.4 millones de pesos por parte de una entidad federativa, de un total superior a 300 mil millones de pesos que se distribuyeron correctamente.

Sin tener que pasar por el proceso tradicional de auditoría, la dependencia fiscalizadora ha iniciado 31 expedientes de investigación relacionados con entes de los tres órdenes de gobierno. El auditor subrayó que estos casos forman parte de los primeros resultados derivados de las modificaciones al marco normativo, que ahora permite realizar investigaciones directamente.

El auditor superior recordó que el pasado 21 de abril, la Cámara de Diputados “aprobó el cambio legislativo más importante en materia de fiscalización de los últimos años, que fortalece y moderniza los mecanismos de rendición de cuentas a través de nuevas herramientas para detectar, prevenir, combatir y sancionar el mal uso de los recursos públicos”.

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