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Por primera vez en 200 años: México inicia consulta para crear una Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó la convocatoria oficial para arrancar un proceso de consulta histórico

El procedimiento, publicado hoy 29 de junio en el DOF, incluye a 69 grupos originarios y uno afromexicano, con más de 16 mil localidades y cerca de 8 millones de habitantes, equivalentes a 20.5% nacional
El procedimiento, publicado hoy 29 de junio en el DOF, incluye a 69 grupos originarios y uno afromexicano, con más de 16 mil localidades y cerca de 8 millones de habitantes, equivalentes a 20.5% nacional
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México nunca había tenido una ley indígena. A más de 200 años de existencia del Estado mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó este lunes la convocatoria para iniciar la consulta para la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas, Indígenas y Afromexicanos, cuya publicación quedó registrada este mismo día en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El proceso involucra a 69 pueblos indígenas, un pueblo afromexicano, más de 16 mil comunidades y aproximadamente 8 millones de personas, que representan el 20.5% de la población nacional. La ley tiene su fundamento en la reforma al Artículo 2 Constitucional, publicada el 30 de septiembre de 2024.

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El planteamiento se organiza en ocho libros y busca otorgar personalidad jurídica y patrimonio propio a comunidades originarias y afrodescendientes, además de fijar reglas obligatorias de consentimiento libre, previo e informado. (Presidencia)
El planteamiento se organiza en ocho libros y busca otorgar personalidad jurídica y patrimonio propio a comunidades originarias y afrodescendientes, además de fijar reglas obligatorias de consentimiento libre, previo e informado. (Presidencia)

Qué propone la ley

El objetivo central de la iniciativa es reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, para que puedan ejercer su autonomía y participar en la vida pública nacional.

La propuesta se estructura en ocho libros que abarcan:

  • Libre determinación y autonomía en niveles comunitario, municipal y regional
  • Derechos de mujeres, niñez, adolescencia y juventud indígena y afromexicana, incluyendo acceso a la tierra y vida libre de violencia
  • Derechos del pueblo afromexicano con normas específicas contra el racismo
  • Consulta y consentimiento libre, previo e informado como marco legal obligatorio
  • Juicio de amparo indígena y afromexicano para proteger derechos colectivos, una innovación jurídica sin precedente en el país

Cómo será el proceso de consulta

La consulta se desarrollará en cinco etapas entre julio y octubre de 2025:

  1. Publicación de convocatoria — hoy, 29 de junio
  2. Etapa informativa — del 1 de julio al 6 de agosto, con difusión en más de 16 mil comunidades
  3. Etapa deliberativa — del 7 de agosto al 13 de septiembre, con 82 asambleas regionales y 7 mesas de trabajo en ciudades como Acapulco, Chihuahua, Monterrey, Tijuana, Guadalajara, La Paz y San Pedro
  4. Estudio y adecuación — del 21 de septiembre al 11 de octubre, para incorporar propuestas al proyecto
  5. Presentación al Congreso — el 12 de octubre
La iniciativa plantea que las comunidades sean sujetos de derecho público con patrimonio propio, lo que podría reordenar la relación con municipios y regiones, y someter a nuevas reglas la participación en la vida nacional. (Presidencia)
La iniciativa plantea que las comunidades sean sujetos de derecho público con patrimonio propio, lo que podría reordenar la relación con municipios y regiones, y someter a nuevas reglas la participación en la vida nacional. (Presidencia)

El 12 de octubre como fecha simbólica

La presidenta Sheinbaum señaló que el objetivo es que la iniciativa sea entregada a la Cámara de Diputados el 12 de octubre, fecha que “alguna vez se llamó el Día de la Raza y que hoy se llama el Día de la Resistencia de los Pueblos“, para que inicie ahí su proceso de aprobación.

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El proceso fue construido con la participación de 35 dependencias federales, 148 reuniones de trabajo y un comité técnico asesor integrado por 20 personas, mitad mujeres y mitad hombres, además del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación como observadora y organismos internacionales como la ONU.

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