Vinculan a proceso a exfuncionarios del IMSS y el CICESE por enriquecimiento ilícito

Un juez de Control con sede en Ensenada, Baja California, y otro con sede en la Ciudad de México vincularon a proceso a dos exservidores públicos —uno adscrito al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) y otro al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)— por el delito de enriquecimiento ilícito, luego de que investigaciones administrativas de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) detectaron incrementos injustificables en sus patrimonios.

Ambos casos fueron denunciados por la SABG ante la Fiscalía General de la República (FGR), institución encargada de investigar y perseguir los delitos federales. La FGR integró las carpetas de investigación correspondientes y solicitó a los jueces de Control la vinculación a proceso de cada exservidor público.

En conjunto, los dos exfuncionarios habrían acumulado más de 13 millones 769 mil pesos sin justificación durante periodos que van de 2010 a 2017, aunque los casos no tienen relación.

Exsubdirector del CICESE habría incrementado su patrimonio en 7.2 millones de pesos

La investigación sobre Ramón “N”, exsubdirector adscrito al CICESE, se centró en la evolución y verificación de su patrimonio durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de abril de 2017.

A lo largo de ese lapso de cinco años, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno determinó un incremento injustificable de 7 millones 268 mil 750 pesos.

Con base en esos hallazgos, la dependencia presentó denuncia penal ante la FGR. En el marco de la investigación inicial, el juez de Control con sede en Ensenada resolvió vincular a proceso al exsubdirector por el hecho que la ley señala como delito de enriquecimiento ilícito. El comunicado no precisó qué medidas cautelares le fueron impuestas.

Exjefe de departamento del IMSS enfrentará cargos por 6.5 millones de pesos sin justificar

El caso de Armando “N”, exjefe de departamento en el IMSS, también derivó de una investigación administrativa enfocada en la evolución y verificación de su patrimonio.

La Secretaría detectó un incremento injustificable de 6 millones 500 mil 496 pesos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 15 de mayo de 2017, un lapso de más de siete años.

La dependencia presentó denuncia penal ante la FGR y el Juez de Control con sede en la Ciudad de México resolvió vincularlo a proceso por enriquecimiento ilícito. A diferencia del caso del CICESE, las autoridades informaron que el juez le impuso como medida cautelar la presentación periódica ante la Unidad responsable.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno subrayó que ambas personas vinculadas mantienen su presunción de inocencia conforme a la legislación aplicable, y que el proceso se conducirá con estricto apego a la ley, aportando los elementos y pruebas que resulten pertinentes.

Tribunal inhabilita hasta por 20 años a dos funcionarios del Infotec por faltas administrativas graves

En un tercer frente de acción, la Unidad de Combate a la Impunidad de la Secretaría acreditó que servidores públicos del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec) incurrieron en faltas administrativas catalogadas como graves.

Los hechos estuvieron relacionados con el abuso de funciones para la asignación de recursos financieros.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso sanciones a dos personas:

Hilda “M”, directora adjunta de Administración del Infotec, recibió inhabilitación por 10 años y una sanción económica de 10 millones 909 mil 784 pesos.

Por otra parte, Carlos “R”, gerente de Consultoría de Negocio de la misma institución, fue inhabilitado por 20 años —el doble que su compañera— y recibió una sanción económica por el mismo monto: 10 millones 909 mil 784 pesos.

Ambos tienen derecho a impugnar las resoluciones. La Secretaría advirtió que, de hacerlo, defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron investigados los casos.

Cabe señalar que los casos del CICESE y el IMSS corresponden a procesos penales presentados ante la FGR por enriquecimiento ilícito, delito que se persigue en la vía judicial. Mientras que las sanciones impuestas a los funcionarios del Infotec, en cambio, son de naturaleza administrativa, instancia que no juzga delitos sino faltas cometidas en el ejercicio del servicio público, y cuyas resoluciones se traducen en inhabilitación y sanciones económicas.