
La Fiscalía General de la República (FGR) determinó no ejercer acción penal contra el empresario Fernando Salgado Chávez, luego de concluir una investigación integrada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) por presuntos delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y supuestos nexos con grupos criminales.
De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la indagatoria se inició a partir de una denuncia anónima enviada por correo electrónico a la FGR, en la que se atribuían al empresario diversas conductas ilícitas, entre ellas operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de armas, presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, así como supuestas influencias en aduanas y actividades relacionadas con huachicoleo.
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Sin embargo, dicha denuncia carecía de nombre del denunciante, datos de contacto y elementos probatorios que sustentaran las imputaciones. Según lo informado por el propio Salgado Chávez, no se aportaron videos, fotografías ni documentos que respaldaran los señalamientos.

La FGR revisó información financiera, fiscal y patrimonial del empresario
El empresario, quien cuenta con empresas en Jalisco y desarrolla actividades en los sectores de energía y sustentabilidad, aseguró que colaboró con las autoridades federales desde el inicio del procedimiento.
Como parte de la investigación, entregó estados de cuenta bancarios, declaraciones fiscales correspondientes a los últimos cinco años, información sobre propiedades, ingresos, inversiones, domicilios, números telefónicos y datos de sus compañías.
“Presenté documentos, no dichos; me revisaron todo”, declaró Salgado Chávez al referirse al proceso, el cual calificó como desgastante por el impacto que tuvo en su prestigio y reputación.
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La revisión de la carpeta incluyó información de distintas autoridades e instancias federales e internacionales. Entre ellas se mencionan la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) e Interpol, cuyos informes fueron incorporados al expediente.
De acuerdo con la resolución ministerial, la información financiera y patrimonial presentada por el empresario resultó consistente con sus ingresos, actividades económicas y capacidad patrimonial. Por ello, la FGR concluyó que no existían elementos suficientes para continuar con una acción penal en su contra.

La autoridad también descartó uno de los señalamientos incluidos en la denuncia anónima, relacionado con presuntos contratos de proveeduría con el Ayuntamiento de Tijuana. Según la investigación, ni Fernando Salgado Chávez ni las empresas vinculadas con él mantenían contratos con dicha administración municipal.
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Fernando Salgado asegura que la investigación afectó su reputación
Tras darse a conocer el cierre de la carpeta de investigación, Salgado Chávez sostuvo que su intención es defender su nombre y aclarar públicamente las acusaciones difundidas en su momento.
Meses atrás, una plataforma de comunicación local publicó una lista en la que se mencionaba al empresario junto con diversos actores de la vida pública, a quienes se señalaba por presuntos vínculos con delitos de alto impacto.
Al ser cuestionado sobre las demás personas mencionadas en aquella denuncia anónima, el empresario dijo desconocer su estatus jurídico.
Salgado Chávez también atribuyó el origen de los señalamientos a intereses ajenos de actores del ámbito político con miras a obtener candidaturas, aunque esa afirmación corresponde a su postura personal y no forma parte de las conclusiones oficiales de la FGR.
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Finalmente, el empresario informó que ya cuenta con el oficio emitido por la Fiscalía General de la República, con sellos y firmas de la autoridad ministerial, mediante el cual se le notificó formalmente el decreto de no ejercicio de la acción penal.
Con esta determinación, la FGR dio por concluida la investigación iniciada contra Fernando Salgado Chávez a partir de la denuncia anónima y cerró el procedimiento al no encontrar elementos para proceder penalmente.
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