Colectivos condenan uso de violencia contra comunidad trans que exigía diálogo con secretaria de Gobernación

El martes 23 de junio, personal de la secretaría de Gobernación (Segob) e integrantes de la Guardia Nacional, desalojaron de manera violenta un plantón de la comunidad trans que exigía una reunión con la secretaria Rosa Icela Rodríguez.

Durante el desalojo, registrado en videos difundido en redes sociales, integrantes de la Guardia Nacional agredieron física y verbalmente a las manifestantes de colectivos de mujeres trans y activistas LGBTIQ+ que mantenían un plantón en las oficinas de la Segob, en el centro de la Ciudad de México, al menos tres personas resultaron lesionadas, incluida una mujer trans que fue hospitalizada por una fractura en la cabeza.

Ante esta situación de violencia, diversos colectivos y organizaciones se han manifestado y han condenado las acciones gubernamentales que, lejos de demostrar diálogo y apertura con las exigencias socieales de este sector de la población, mostraron represión.

Organizaciones y colectivos condenan hechos de violencia

A través de sus redes sociales, Amnistía Internacional realizó un posicionamiento sobre el caso y expresó su preocupación por este desalojo violento en Segob. Ante estos hechos, en los que personas trans y no binarias protestaban para exigir atención a sus demandas y garantías para el ejercicio de sus derechos, el organismo advirtió que “las autoridades deben privilegiar el diálogo”.

En su mensaje, la organización pidió que las autoridades federales abran canales de interlocución reales con quienes impulsan estos reclamos. “Exhortamos a las autoridades federales a establecer canales de diálogo genuino con las personas y colectivos que impulsan estas demandas, reconociendo que la escucha, la participación y el respeto a los derechos humanos constituyen la vía más adecuada para atender los reclamos sociales y fortalecer una sociedad más justa e incluyente”, aseveró la organización.

Amnistía Internacional sostuvo que, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, antes de aplicar cualquier medida que limite una manifestación, el Estado debe agotar vías como la mediación, la negociación y el diálogo. La organización situó el episodio en un escenario de discriminación y violencia que, señaló, ha afectado de forma persistente a la población trans en México.

En ese marco, el organismo remarcó que las exigencias de reconocimiento, seguridad y acceso a derechos de estas personas deben ser escuchadas y atendidas. También exhortó al Gobierno federal a garantizar una respuesta basada en la participación y el respeto a los derechos humanos frente a las demandas de los colectivos.

Además de Amnistía Internacional, otros colectivos también se pronunciaron contra el operativo. Unidad Nacional Independiente en Resistencia (UNIR) condenó “el uso de la fuerza excesiva para combatir la protesta social” y señaló que, desde las 21:30 horas, realizó acciones para acuerpar el plantón de las colectivas trans con su propia protesta. También sostuvo que su campamento es un espacio “seguro y fraterno”, integrado por trabajadores y campesinos.

A ese rechazo se sumó el Colectivo Red Rompe el Miedo, que cuestionó el uso de la fuerza pública sin aplicar protocolos de diálogo en contexto de protesta. La organización señaló de forma directa a personal de la Guardia Nacional y de seguridad de Segob por expulsar a las manifestantes trans.