Agricultores de Chimalhuacán exigen frenar complejo habitacional que los despojaría de mil 700 hectáreas que les pertenece

Habitantes del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, realizaron una protesta frente a las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para exigir que se respeten mil 700 hectáreas de la zona conocida como “El Moño”.

El reclamo gira en torno a un presunto despojo en donde no se les está respetando propiedades que históricamente les han pertenecido y que ahora podrían ser vendidas para construir un complejor inmobiliario.

Bajo esa consigna, la tarde del martes 23 de junio, integrantes del Comité de Defensa de la Tenencia de la Tierra de los Nativos del Pueblo Originario de Santa María Chimalhuacán realizaron un bloqueo en la Av. Ejército Nacional para exigir una reunión con la titular Alicia Bárcena, sin embargo, no fueron recibidos.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que se manifiestan, por el contrario, anteriormente habían bloqueado ya el Circuito Exterior Mexiquense y antes de eso, calles vecinales para manifestar sus exigencias.

El tema fue llevado a la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum el 24 de junio, donde la mandataria declaró que si bien existen protestas legítimas y algunas que no lo son tanto, todas son escuchadas en su gobierno.

No obstante, no comentó nada más además de su respaldo por la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena: “Puede criticarse a la autoridad, pero la crítica personal que se ha hecho a Alicia me parece lamentable y la defiendo totalmente”

¿Qué exige el pueblo originario de Chimalhuacán?

La denuncia del comité es que la Semarnat, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) pretenden despojar a 250 propietarios de sus tierras que fueron vendidad a empresas para construir proyectos inmobiliarios e industriales, de acuerdo a reportes de medios locales.

A través de su página de Facebook Comité Tlateles de Andres Cedillo, se publicó el fragmento de una entrevista para Radio Educación en donde integrantes del comité explicaron las bases de sus denuncias.

Andrés Cedillo, presidente del organismo, explicó que cuentan con sustento legal y jurídico sobre la propiedad de las tierras en disputa. El abogado Filiberto Hernández Cano, asesor del comité, explicó: “El pueblo originario de Chimalhuacán compró al gobierno federal las tierras que hoy reclamamos como nuestras hace aproximadamente un siglo, en los años veinte y treinta”.

Hernández Cano aseguró que han acudido a juzgados federales y han obtenido aproximadamente 15 amparos favorables del Segundo Tribunal Colegiado, dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con sede en Nezahualcóyotl.

“Esos terrenos, provenientes de la desecación del lago de Texcoco, actualmente son propiedad privada porque han pasado de abuelos a padres, ahora nietos y bisnietos. Eso está demostrado jurídicamente”, sostuvo el abogado. Sin embargo, señaló que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) mantiene la postura de no reconocer la propiedad ancestral, lo que ha impedido la solución definitiva al conflicto.

El comité advirtió que la comunidad está dispuesta a defender su territorio: “Ya estamos cansados de que las autoridades nos despojen de la tierra. Si no encontramos eco en las instancias del gobierno federal y se hace caso omiso a nuestra petición de reconocimiento como propietarios, sí va a haber un problema grande porque estamos dispuestos a defender esas tierras aún con nuestra propia vida”, expresó Hernández Cano.

El conflicto por las tierras de El Moño se suma a otros casos de disputa agraria en el Estado de México y representa un nuevo desafío para las autoridades federales y estatales, que deberán buscar una salida jurídica al reclamo del pueblo originario de Chimalhuacán.

Semarnat reitera apertura al diálogo y aclara que no existe proyecto inmobiliario en el Lago de Texcoco

A través de un comunicado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aclaró que no existe ningún proyecto inmobiliario promovido, autorizado o impulsado por la dependencia dentro del Área de Protección de Recursos Naturales Lago de Texcoco.

Reiteró que la protección de esta área es una prioridad del Gobierno de México y “forma parte de los esfuerzos para conservar uno de los ecosistemas más relevantes del Valle de México”.

La autoridad ambiental explicó que los planteamientos expresados por integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) —y otras organizaciones— se refieren a terrenos ubicados en la zona conocida como El Moño o Los Tlateles, “cuya situación jurídica ha sido objeto de revisión por diversas dependencias federales durante varios años”.

De acuerdo a la explicación de la Semarnat, el conflicto por estas zonas tiene antecedentes complejos históricos, agrarios, administrativos y territoriales. Estos predios de la región fueron incorporados al patrimonio federal mediante procesos de adquisición desarrollados en administraciones pasadas, lo que los integró a áreas bajo resguardo de la Federación.

“El Moño” o “Los Tlateles” está ubicado en Avenida Bordo de Xochiaca s/n, en el Municipio de Chimalhuacán, Estado de México, al lado sur del Lago Nabor Carrillo. Pertenecen al vaso del Lago de Texcoco, lo que convierte a estas hectáreas en terrenos federales y protegidos por las leyes ambientales.

La Semarnat subrayó que los canales institucionales de diálogo etán abiertos. El día de la manifestación, se ofreció instalar una mesa de atención con autoridades competentes para revisar el caso y dar seguimiento a las inquietudes expuestas, explicó.

La Semarnat sostuvo que la conservación ambiental del Lago de Texcoco y el respeto a los derechos de las comunidades pueden abordarse de manera compatible. Todo planteamiento sobre la tenencia de la tierra se resolverá mediante procedimientos legales, con base en evidencia documental y en coordinación con las autoridades competentes.

La dependencia concluyó su comunicado informando que continuará participando en los mecanismos institucionales junto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Procuraduría Agraria, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y otras instancias involucradas, con énfasis en el diálogo, la legalidad y la protección del patrimonio ambiental.