A un año del hallazgo de 386 cuerpos en el Crematorio Plenitud: aún falta por identificar a 135 y dueño enfrentará ficha roja

A casi un año del hallazgo de 386 cuerpos dentro del Crematorio Plenitud, realizado el 26 de junio de 2025 y en un caso que conmocionó tanto a Ciudad Juárez, en Chihuahua, como al país entero al conocer que los familiares recibían falsas cenizas que contenían restos de animales, las labores continúan para identificar a todos las víctimas que no fueron incineradas en el lugar.

Tras la realización de cientos de entrevistas y análisis genéticos para lograr conocer la identidad de los cadáveres, las autoridades informaron que hasta el momento aún faltan por identificar a 135 cuerpos.

El principal responsable del caso y dueño del crematorio, José Luis A. C., se encuentra prófugo de la justicia luego de que obtuvo un amparo que le concedió un juez al considerar que los cadáveres no estaban escondidos en el lugar, esto pese a las condiciones insalubres en las que se encontraban.

Pese a que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua impugnó el cambio de medida cautelar en contra de José Luis “N” que le permitió ser liberado, el sujeto se encontraría en territorio estadounidense para evadir la justicia.

Ante los hechos, la Fiscalía del Estado continúa gestionando que se emita una ficha roja por parte de la Interpol para lograr su captura y eventual extradición.

De su vinculación a proceso a fugarse, presuntamente, a Estados Unidos aprovechando su ciudadanía: así avanza el caso

La causa penal contra José Luis A. C. atravesó una serie de reveses judiciales que terminaron por facilitar su fuga. Tras ser detenido, vinculado a proceso y sujeto a prisión preventiva, el 12 de febrero de 2026 un juez federal —el titular del juzgado séptimo de distrito— le concedió un amparo indirecto que dejó sin efecto tanto la vinculación como la medida cautelar.

Tras la impugnación realizada por las autoridades, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito les dio la razón: revocó el amparo y ordenó reponer el proceso desde la etapa en que se encontraba, lo que implicaba restaurar el auto de vinculación a proceso.

El juez del fuero común convocó entonces a una audiencia para notificar al imputado de esta resolución. José Luis A. C. no se presentó pese a haber sido debidamente citado. Ante su ausencia, los agentes del Ministerio Público solicitaron que se declarara su sustracción de la acción de la justicia. El juez de control así lo resolvió y emitió una nueva orden de reaprehensión en su contra.

Ezequiel Montoya, coordinador de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, informó en conferencia de prensa de este martes que las investigaciones arrojan elementos suficientes para presumir que el imputado se encuentra en Estados Unidos, país del que tiene ciudadanía, por lo que continúan solicitando la emisión de la ficha roja en su contra.

La sombra de la corrupción sobre el juzgado federal

El amparo que le permitió al imputado eludir la prisión preventiva derivó en una investigación paralela por posible corrupción judicial. El 21 de mayo de 2026, El Diario de Juárez publicó que existían videograbaciones en las que se aprecia la entrega de una cantidad de dinero al juzgado séptimo de distrito, el mismo órgano que concedió el beneficio a José Luis A. C.

Tras la difusión del caso, Ezequiel Montoya detalló que ya dieron parte a la Fiscalía General de la República (FGR) para que, en el ámbito de su competencia, conduzca la investigación correspondiente. De forma paralela, se interpuso una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial de la Federación contra la resolución emitida por ese juzgado.

135 cuerpos aún sin nombre

De los 386 cuerpos hallados el 26 de junio de 2025, la Fiscalía ha logrado identificar a 251 personas. Se han notificado 250 familias y se han realizado 247 entregas.

Los 135 cuerpos restantes no han podido ser identificados. Héctor Jácome, coordinador de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses en la Zona Norte, detalló que el proceso forense fue especialmente complejo porque los cuerpos habían sido alterados con químicos, lo que dificultó incluso la obtención de perfiles genéticos y obligó a solicitar colaboraciones externas para ese análisis.

El equipo forense trabajó con múltiples líneas de evidencia de forma simultánea: perfiles biológicos obtenidos mediante antropología forense, rasgos morfológicos como tatuajes y cicatrices, características dentales, huellas dactilares y muestras para perfil genético para facilitar la identificación de los cuerpos.

“Es un trabajo en conjunto, es la huella más un tatuaje, más una característica dental, más una condición médica, más algún rasgo fisonómico que tenía la persona. Se incluyen todas estas para que sea un dictamen multidisciplinario”, explicó.

Las autoridades señalaron que parte de los casos pendientes se debe a la falta de información de calidad por parte de las familias y recordaron que una identificación no pudo concretarse porque un familiar negó que el fallecido hubiera tenido una cirugía, dato que otro pariente confirmó después y que resultó determinante.

También mencionaron casos en los que familias desconocían por completo la existencia del caso del crematorio Plenitud, y que el equipo tuvo que localizarlas desde cero para notificarles el hallazgo de sus seres queridos.

Ocho funerarias investigadas por fraude: suman 157 denuncias

De manera paralela a la causa principal, las autoridades hasta el momento suman 157 denuncias por el delito de fraude contra 8 funerarias que cobraron por servicios fúnebres que nunca prestaron: Funeraria Latinoamericana, Funeraria Luz Divina, Protecto Deco, Funeraria Milagros, Camino al Cielo, Monte de los Olivos, Paraíso y Funeraria del Carmen. De ese total, 74 querellas ya fueron judicializadas ante los tribunales de control.

La Funeraria del Carmen concentra la investigación más avanzada. Cuenta con 6 causas penales en su contra y 3 personas detenidas en prisión preventiva se encuentran: Nancy A. A., Roberto A. A. y Miguel Ángel A. O.

La Fiscalía ya interpuso acusación formal contra los tres y el proceso se encuentra en etapa intermedia. Durante la investigación se practicaron ocho cateos a inmuebles de esa funeraria, diligencias en las que se localizaron cuerpos y material probatorio.

Funcionarios estatales y municipales, bajo la lupa

Alma Vázquez, coordinadora general de agentes del Ministerio Público, informó que la Fiscalía remitió una vista a la Secretaría de la Función Pública por las posibles faltas administrativas de servidores públicos de Coespris —tanto titulares como verificadores— y de funcionarios del municipio de Ciudad Juárez de las direcciones de Ecología, Regulación Económica, Protección Civil y Desarrollo Urbano.

Más allá de la vía administrativa, la Fiscalía mantiene abierta una carpeta de investigación penal para determinar si las conductas de esos servidores públicos configuran algún tipo delictivo susceptible de persecución.

Más de mil 600 personas se movilizaron como posibles víctimas

Más de mil 600 personas acudieron a las instalaciones de la Fiscalía creyendo que algún cuerpo podía corresponder a un familiar. Se realizaron mil 150 entrevistas durante julio de 2025. A cada familia notificada se le asignaron asesores jurídicos y psicólogos.

El predio donde operaba el crematorio Plenitud permanece asegurado por la Fiscalía General del Estado con fines de investigación. En el lugar se han practicado diversas diligencias periciales, entre ellas una prospección realizada el 6 de agosto de 2025 con la participación de la Policía de Investigación, Servicios Periciales y la Comisión Local de Búsqueda.

Las investigaciones continúan para lograr identificar los cuerpos restantes, mientras que el principal responsable se mantiene prófugo.