
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró tres predios en el Estado de México tras detectar actividades que ponen en riesgo los ecosistemas forestales y revelar irregularidades en el manejo y transformación de materias primas forestales. La medida incluyó la imposición de sellos de clausura, el aseguramiento de materiales y maquinaria, y el inicio de procedimientos administrativos para sancionar a los responsables de los hechos.
Las inspecciones llevadas a cabo por la Profepa permitieron identificar la apertura de caminos y terraplenes con maquinaria pesada en zonas con vocación forestal, así como la remoción de arbolado de encino. Estas actividades, que alteran la estructura y función de los ecosistemas, se desarrollaban sin acreditar las autorizaciones legales necesarias, lo que representa un riesgo directo para la biodiversidad y el equilibrio ambiental.
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Durante uno de los operativos, realizado el 9 de junio en respuesta a una denuncia popular, personal de la Profepa inspeccionó un predio ubicado en el paraje “El Jazmín”, en la comunidad de Rancho Blanco, municipio de Jilotzingo. En el lugar, los inspectores observaron obras en una superficie de aproximadamente 15 hectáreas, donde predominaba un estrato arbóreo de encino y pastizal inducido, características propias de un terreno forestal. Las denuncias apuntaban a la remoción de árboles y el cambio de uso de suelo para abrir caminos con maquinaria pesada.
Al momento de la visita, las personas presentes no permitieron la revisión de documentos ni la verificación de las autorizaciones en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo, emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Ante la imposibilidad de acreditar la legalidad de las actividades, la Profepa ordenó la clausura total temporal de las obras y colocó sellos en el acceso principal del predio.
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Clausuras y aseguramientos en Jilotzingo y Almoloya del Río
En otra acción, también derivada de una denuncia ciudadana, la Profepa inspeccionó un predio en la localidad de Santa María Mazatla, donde se hacían trabajos para la apertura de una brecha y la construcción de un terraplén destinados al desarrollo de una vivienda. Se constató que las actividades abarcaban una superficie de unos 3,000 metros cuadrados y que implicaban la remoción de encinos mediante maquinaria pesada. Al no contar con la autorización correspondiente de la Semarnat para el cambio de uso de suelo, la Profepa colocó sellos de clausura y abrió un procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades legales.
El 10 de junio, personal de la Profepa inspeccionó un centro de almacenamiento y transformación de materias primas forestales en el municipio de Almoloya del Río. En la diligencia, los responsables del establecimiento no acreditaron la autorización para operar ni demostraron la procedencia legal de la madera hallada en el lugar. Por estas irregularidades, la autoridad impuso la clausura total temporal del centro denominado “Daniel Martínez Alvarado” y aseguró de forma precautoria madera en rollo, madera en escuadría y maquinaria utilizada en la transformación de los productos forestales.
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El aseguramiento de la madera y la maquinaria quedó bajo resguardo en las instalaciones del propio aserradero, mientras avanzan los procedimientos administrativos. Las acciones buscan frenar el aprovechamiento ilegal de los recursos forestales y evitar daños mayores en los ecosistemas del Estado de México.
La Profepa dará seguimiento a todos los procedimientos abiertos, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad impuestas y determinar las sanciones que correspondan conforme a la legislación ambiental vigente. Además, continuará realizando diligencias para prevenir la reincidencia de actividades ilícitas en terrenos forestales y centros de transformación de madera, reforzando la vigilancia y protección de los recursos naturales de la región.
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