
Un juez federal rechazó la solicitud de Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, para sustituir su pena de cárcel de 36 años y nueve meses de prisión impuesta por sus vínculos con el Cártel de Juárez. La decisión obliga al exmandatario a continuar compurgando su condena, mientras su defensa ya interpuso un recurso de apelación.
Juez declara improcedente la sustitución de pena
Fredy Ladislao Portillo González, juez Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, declaró improcedente el incidente de sustitución de la pena privativa de libertad registrado en el expediente penal 169/2007.
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Ese expediente se origina en la causa penal 101/2003 del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, ahora recatalogada como causa penal 134/2024 del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en ese mismo estado.

La sentencia que Villanueva Madrid busca modificar fue dictada por el entonces Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, que en su momento ajustó la condena original tras revisar los cargos atribuidos al exfuncionario.
Delitos que sustentan la condena
El Tribunal de Alzada determinó que Villanueva Madrid es penalmente responsable de asociación delictuosa y de delitos contra la salud, en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de ilícitos de esa índole.
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La gravedad de los cargos se agrava por una circunstancia específica: los delitos fueron cometidos mientras Villanueva Madrid se desempeñaba como servidor público con la obligación de prevenir y denunciar precisamente ese tipo de conductas.
A esos cargos se suma una infracción al artículo 115 bis, fracción I, inciso b) del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 13 de mayo de 1996. La suma de las responsabilidades derivó en una pena de 36 años y nueve meses de prisión.
Prisión domiciliaria, amparo y presión de la FGR
Villanueva Madrid lleva años cumpliendo su condena en arresto domiciliario en su residencia de Chetumal, Quintana Roo. La medida cautelar se autorizó en junio de 2020, durante la pandemia de covid-19, al determinarse que su estado de salud lo ponía en riesgo de muerte en reclusión.
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Sin embargo, el propio juez Portillo González ordenó el 9 de mayo de 2025 el traslado del exgobernador al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), ubicado en el municipio de Ayala, Morelos, para que continuara compurgando su condena. El argumento fue que el 9 de mayo de 2023 el Gobierno de México declaró el fin de la emergencia sanitaria, y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) también determinó que el covid-19 dejó de constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional.
Ante esa orden, Villanueva Madrid promovió un juicio de amparo para evitar su regreso al Ceferepsi. Paralelamente, la Fiscalía General de la República (FGR), antes de que Alejandro Gertz Manero dejara la institución, solicitó al juez especializado desechar la petición del exmandatario de obtener el beneficio de libertad condicionada.
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La defensa apela la resolución
Tras el rechazo del juez Portillo González a la sustitución de la pena, la defensa de Villanueva Madrid interpuso un recurso de apelación. El caso quedó en manos de un tribunal superior, que deberá resolver si la negativa del juzgado de ejecución se ajustó a derecho.
Extradición a Estados Unidos y repatriación
Mario Villanueva Madrid fue capturado el 24 de mayo de 2001 en un retén en Cancún, tras permanecer prófugo. El 8 de mayo de 2010 se convirtió en el primer exgobernador mexicano extraditado a Estados Unidos, entregado a autoridades norteamericanas en la ciudad de Toluca para enfrentar cargos de narcotráfico y asociación delictuosa ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.
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El 2 de agosto de 2012 se declaró culpable de conspiración para lavar dinero ante el juez Víctor Marrero. El tribunal fijó una pena base de 204 meses, de los cuales descontó 73 meses por el tiempo que Villanueva Madrid había permanecido detenido en México antes de su extradición, resultando en una sentencia definitiva de 131 meses de prisión.
Tras cumplir su condena en territorio estadounidense, fue repatriado a México a bordo de una aeronave del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), para enfrentar la sentencia pendiente en su país de origen.
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