Alexander Villatoro Moreno, de 53 años, originario de Chiapas, México, y también conocido como Quichi, fue sentenciado a 70 meses de prisión (más de 5 años) y tres años de libertad condicional supervisada por su participación en una conspiración federal de crimen organizado que utilizó el programa de visas para reclutar, engañar y explotar a trabajadores agrícolas mexicanos en el sureste de los Estados Unidos entre 2015 y 2017.
El tribunal también ordenó al acusado el pago de una indemnización a las víctimas. Según documentos judiciales, Villatoro Moreno y sus coacusados operaban y administraban Los Villatoros Harvesting (LVH), una empresa de contratación de mano de obra agrícola que funcionó como una organización criminal. La sentencia en contra del hombre fue informada el 9 de junio.
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La empresa obligó a sus víctimas a trabajar en Florida, Kentucky, Indiana, Georgia y Carolina del Norte, donde cosechaban frutas, verduras y otros productos agrícolas. Los conspiradores reclutaron fraudulentamente a ciudadanos mexicanos para que ingresaran a EEUU con visas H-2A de corta duración y engañaron al gobierno estadounidense para obtener esas visas.
A los trabajadores se les cobraron tarifas de reclutamiento exorbitantes y se les mintió sobre los salarios que recibirían, las horas que trabajarían, las condiciones laborales y los reembolsos por gastos. Una vez en territorio estadounidense, los trabajadores fueron obligados a realizar largas jornadas de trabajo físicamente exigente, de seis a siete días a la semana, por un salario muy inferior al que les correspondía por ley.
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Los métodos coercitivos empleados por el ahora sentenciado y sus coacusados para mantener sometidas a las víctimas incluyeron la imposición de deudas, la confiscación de pasaportes, el alojamiento en condiciones de hacinamiento e insalubridad, el abuso verbal y la humillación, y amenazas de arresto, cárcel y deportación.
Además, los trabajadores fueron aislados para impedir cualquier contacto con personas ajenas a LVH, y se amenazó con causar daño físico a sus familiares en México si no accedían a las exigencias de los empleadores. Cuando las autoridades iniciaron la investigación, Villatoro Moreno obstaculizó el proceso federal al ayudar a preparar información de nómina falsa para ocultar los pagos insuficientes y al distribuir recibos de reembolso falsificados entre las víctimas con el fin de aparentar cumplimiento legal.
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El Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia señaló que el acusado “utilizó fraudulentamente el programa de visas H-2A para reclutar y explotar a víctimas vulnerables con fines de lucro”, y subrayó el compromiso del Departamento de “proteger la integridad del sistema de inmigración” y de “investigar y procesar a quienes se benefician de la trata de personas, tanto en el país como en el extranjero”.
El fiscal federal Gregory W. Kehoe del Distrito Medio de Florida afirmó que las víctimas “fueron engañadas por conspiradores y sometidas a condiciones deplorables, mientras eran explotadas por avaricia y lucro”.
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Sentenciado otro mexicano ligado a tráfico de migrantes
Por su parte, el pasado 7 de mayo, Un tribunal federal de EEUU declaró culpable a Edgar Sánchez Solis, un ciudadano mexicano de 24 años, por liderar una red de tráfico de personas que operaba desde Canadá hacia territorio estadounidense.
El caso fue investigado en conjunto por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza, organismos que lograron identificar una operación a gran escala dedicada a introducir a cientos de migrantes procedentes de México, Centroamérica y Sudamérica a través de la frontera norte del país, con fines de lucro.
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La investigación derivó en más de 455 arrestos tanto nacionales como internacionales de líderes y facilitadores vinculados al tráfico de personas. Sánchez Solis, quien residía de manera irregular en Kansas City, Misuri, era el responsable de coordinar la logística de traslado de los migrantes
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