Pese a avances en LFT la mayoría de trabajadoras del hogar en México prevalece en la incertidumbre sobre sus derechos

Más de 2.3 millones de personas dedican su vida al trabajo doméstico remunerado en México, pero solo una fracción mínima cuenta con seguridad social o contrato escrito, pese a que la ley obliga a sus empleadores a registrarlas ante el IMSS desde 2023.

Lejos de mejorar, la cobertura retrocede: el porcentaje de mujeres afiliadas al IMSS cayó de 2.6% en 2024 a 1.8% en 2026, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En números absolutos, pasó de 41,762 trabajadoras registradas al cierre de 2023 a 38,643 en febrero de este año.

Obligación legal, cumplimiento mínimo

El 16 de mayo de 2023, el Congreso mexicano aprobó por unanimidad una reforma a la Ley del Seguro Social que convirtió en mandato ineludible la afiliación de toda persona trabajadora del hogar que preste servicios de forma permanente: más de cuatro horas diarias en el mismo domicilio, al menos tres días a la semana.

Esa obligación existe en papel. En la práctica, de las aproximadamente 2.3 millones de personas ocupadas en este sector —cifra de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2026—, apenas 59,017 cuentan con seguridad social al corte de febrero de 2026, según el IMSS. Ese total incluye hombres y mujeres, y equivale a 2.5% del universo completo del trabajo doméstico remunerado. El porcentaje cae a 1.8% si se considera únicamente a las mujeres, que representan nueve de cada diez personas en el sector.

El 69.5% de las personas ocupadas en este sector no recibe ninguna prestación laboral, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La falta de cobertura se traduce en ausencia de atención médica, incapacidades, ahorro para el retiro y acceso a guarderías.

El fallo que dejó a las más vulnerables sin protección

Uno de los obstáculos más profundos no es la desidia patronal, sino una resolución judicial. En 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo 872/2023 y determinó que es constitucionalmente válido excluir de la seguridad social a quienes realizan trabajo doméstico de forma “ocasional o esporádica”.

El Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO) advierte que esa definición deja fuera a la mayoría: las trabajadoras que laboran por días en distintos hogares, sin contrato ni jornada fija, que son precisamente quienes más abundan en el sector informal.

“El fallo, aunque formalmente respetuoso del texto legal, refuerza una brecha estructural en el acceso a la seguridad social”, señaló el SINACTRAHO en su Informe Sombra presentado ante el Comité CEDAW. El sindicato sostiene que la resolución contradice —a su juicio— el artículo 123 constitucional, el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Protocolo de San Salvador, y que deja sobre las propias trabajadoras el peso de buscar protección por sus medios.

Sin contrato, sin nombre: el perfil del sector

La informalidad no se limita a la seguridad social. El 97% de las trabajadoras del hogar no cuenta con un contrato escrito, según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Solo 2.5% dispone de uno; el resto desconoce o simplemente no tiene documentada su relación laboral.

El ingreso mensual promedio de las mujeres en el sector es de $3,767 pesos, según datos del INEGI, frente a $4,399 de sus pares hombres. Ambas cifras quedan por debajo del salario mínimo mensual vigente de $9,451 pesos en el resto del país.

La vulnerabilidad se profundiza en ciertos perfiles. El 7.4% de las trabajadoras habla alguna lengua indígena; entre ellas, la tasa de discriminación o menosprecio reportada sube a 36%, frente a 34.7% del sector en general, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2022). El Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir estima que 80% de las trabajadoras del hogar son madres, y una de cada cinco de ellas, madre sin pareja.

La paradoja de género dentro del sector

Los datos del IMSS revelan una asimetría que agrava el diagnóstico. Mientras la afiliación de mujeres trabajadoras del hogar cae año con año —de 41,762 en 2023 a 38,643 en febrero de 2026—, la de hombres en el mismo sector va en aumento: de 20,226 a 20,374 en el mismo periodo.

La brecha no refleja una mejora para ellos, sino la magnitud del rezago para ellas. Nueve de cada diez personas en este sector son mujeres, según el INEGI, lo que convierte la baja cobertura en un problema con dimensión de género.

El salario diario promedio reportado al IMSS también diverge: $447.70 pesos para mujeres y $581.70 pesos para hombres, según cifras de la ministra de la SCJN Lenia Batres.

Lo que aún falta implementar

El SINACTRAHO y el Comité CEDAW coinciden en una lista de pendientes concretos. Entre los más urgentes: sanciones legales efectivas para empleadores que incumplan la afiliación; mecanismos de queja accesibles; un sistema de información en línea con avances verificables; y protección específica para trabajadoras embarazadas, que incluya licencia de maternidad y lactancia.

El sindicato también exige que el Estado desarrolle mecanismos alternativos de seguridad social para quienes trabajan por horas en distintos domicilios —el grupo excluido por el fallo de la SCJN según el SINACTRAHO— y que México avance en acuerdos bilaterales para proteger a trabajadoras migrantes.

En abril de 2026, el IMSS anunció pagos digitales vía la plataforma CoDi y campañas denominadas “Afiliatón”, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, la OIT y la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. La directora de Incorporación y Recaudación del instituto, Luisa Obrador Garrido Cuesta, subrayó que la afiliación “no debe considerarse un acto voluntario, sino una obligación legal y un asunto de derechos humanos”.

La cobertura al corte de mayo de 2026 registró 57,564 puestos asociados a trabajadoras del hogar, según datos del IMSS citados por Infobae en su reporte mensual de empleo formal.