CNDH urge a erradicar tortura contra mujeres en prisión: alerta que viven en pobreza y llegan con historial de abuso

Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), llamó a reforzar de manera urgente las acciones para prevenir la tortura y otros tratos crueles cometidos contra mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios de México.

Al inaugurar el foro Buenas prácticas de los mecanismos nacionales de prevención de la tortura en la atención a mujeres privadas de la libertad en América Latina, Piedra Ibarra indicó que, a partir de diversos diagnósticos e informes, la CNDH ha identificado que las mujeres en prisión, por lo general, son personas en situación de pobreza y con pocos años de escolaridad, que antes de ingresar al penal eran las principales o únicas responsables del cuidado de hijas, hijos e incluso de otros familiares, o víctimas de diversas formas de abuso.

Subrayó que a esos factores se suma la discriminación en el caso de mujeres indígenas y afrodescendientes; de quienes viven con algún tipo de discapacidad; de las que se encuentran en estado de gestación; de adultas mayores, o de quienes padecen enfermedades crónicas, lo que las coloca en un mayor grado de vulnerabilidad, tanto en México como en otros países de la región.

En ese sentido, exhortó a atender las condiciones de internamiento de ellas y de sus hijas e hijos en los centros penitenciarios del país, y a garantizar sus derechos humanos.

Sostuvo que es preciso recuperar avances y mejores prácticas para inhibir abusos al interior de los centros penitenciarios y resaltó que la CNDH ha realizado una labor intensa para promover que las mujeres privadas de la libertad conozcan sus derechos y puedan ejercerlos.

Entre estas acciones, afirmó, está alentar la comunicación con el exterior; identificar a las mujeres sin contacto con representantes jurídicos para remediarlo y garantizar el acceso a su representación legal; y asegurar el acceso a servicios médicos, incluida la atención a la salud mental, sexual y reproductiva con enfoque de género.

La presidenta calificó como prioridad la atención a las niñas y niños que conviven con sus madres en centros de privación de la libertad. Denunció que esos lugares no suelen contar con condiciones materiales para una estancia segura, que las madres comparten los mismos espacios con el resto de la población y que no hay áreas de cuidado materno infantil.

Nestora Salgado García, directora general de la Tercera Visitaduría de la CNDH, señaló que en México persiste un sistema penal punitivista que castiga y después investiga, lo que afecta a muchas mujeres.

Detalló que, según cifras oficiales, en diciembre de 2025 existían 15,849 mujeres privadas de la libertad, que representaban 6.18% del total de la población penitenciaria en cárceles estatales y federales.

Para abril de 2026, dijo, la cifra aumentó a 16,921 mujeres privadas de la libertad (6.36%), es decir, 1,072 mujeres más en prisión.

Aseguró que la CNDH ha detectado que el sistema penitenciario vulnera los derechos de las mujeres privadas de la libertad, debido a la falta o insuficiencia de personal médico, psicológico y psiquiátrico; la ausencia de actividades de prevención y rehabilitación en materia de adicciones, y los traslados involuntarios a otros penales, que las alejan de sus familias, entre otros factores.

Frente a ello, sostuvo que la transformación de la CNDH en una Defensoría del Pueblo permitirá impulsar una perspectiva de derechos humanos que facilite al Estado mexicano saldar la deuda histórica con las mujeres, mediante la implementación de un modelo de atención diferenciado.

Por su parte, Arely López Pérez, directora general de la Cuarta Visitaduría de la CNDH, planteó que la prevención de violaciones a derechos humanos exige mecanismos capaces de identificar y atender oportunamente contextos de violencia, discriminación y exclusión que padecen las mujeres privadas de la libertad, y que la protección efectiva de sus derechos demanda respuestas institucionales tempranas, especialmente tratándose de indígenas y personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados.

Comentó que la privación de la libertad de las mujeres no ocurre en el vacío, sino en contextos atravesados por desigualdad, violencia y exclusión estructural.

“Detrás de cada expediente existe una historia humana”, por lo que “comprender ese contexto no implica sustituir la función de la justicia, sino reconocer que la protección de los derechos humanos exige mirar a las personas en toda su complejidad, sólo así podremos construir respuestas institucionales más sensibles, más incluyentes y respetuosas de la dignidad humana”.