
Adán Augusto López Hernández, ex gobernador de ex secretario de Gobernación durante el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se negó a declarar este miércoles si su visa para ingresar a Estados Unidos fue revocada, como ayer dio a conocer el periodista Raymundo Riva Palacio en una columna periodística.
El hoy senador por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue cuestionado por reporteros en el Senado, sin embargo, no quiso abordar el tema y ante la insistencia de los representantes de medios de comunicación, se limitó a decir que “yo no doy declaraciones, gracias”.
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Reporteros insistieron, a lo que el senador morenista dijo que “No acostumbro dar declaraciones, ustedes lo saben, no voy a emitir ninguna declaración”.
Se le pidió que, sin ser una declaración, señalara “en corto” con los presentes que había ocurrido con su visa, a lo que insistió que “No doy declaraciones ni en corto ni de lejos ni de cerca. No acostumbro dar declaraciones, si no con mucho gusto”.
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El único tema que tocó el senador fue acerca de una intervención quirúrgica que tuvo recientemente para corregir un problema de cataratas. Confirmó la información que dio a conocer Ignacio Mier, coordinador del grupo parlamentario de Morena, en el sentido de que el tabasqueño se sometió a una cirugía ocular. “Ya me operé uno (un ojo) y mañana me operó el otro”, dijo.

Dan a conocer que visa de Adán Augusto López fue revocada
El pasado martes, el periodista Raymundo Riva Palacio publicó una columna periodística en la que señaló que la visa del senador fue revocada, y que presuntamente era investigado en Estados Unidos por huachicol.
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En su columna Estrictamente Personal, titulada El turno de Adán Augusto, Riva Palacio da a conocer que la visa del senador fue revocada como parte de la profundización de la investigación de Estados Unidos por sus presuntos lazos con el crimen organizado.
De acuerdo con el comunicador, en septiembre de 2025, tras el encuentro del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, se le entregó a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fichas de López Hernández sobre su involucramiento en el contrabando de combustible desde el sur de México, distinto al que manejaba el empresario Sergio Carmona en Tamaulipas y el norte del país, con el cual habría financiado ocho campañas políticas para gobernador en 2021.
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La información que recibió Harfuch fue la razón de la insistencia de la mandataria nacional para que aceptara una embajada, misma que López Hernández se negó siquiera a considerar. Respaldado por AMLO, señala el periodista, se mantuvo al frente de la coordinación de Morena en el Senado, hasta que renunció a ella en febrero.
Sin embargo, López Hernández no fue sujeto a ninguna investigación en México, algo que había sugerido Rubio, en buena parte porque, señala Riva Palacio, esta carpeta habría tocado a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex mandatario, sobre el cual existen evidencias en ambos países de su presunto involucramiento en el huachicol fiscal.
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La confirmación del Departamento de Estado al gobierno de México de la cancelación de la visa del senador levantó las alertas en Palacio Nacional ante la posibilidad de que siga una acción contra López Beltrán, o de alguno de los otros dos hijos del primer matrimonio del ex presidente, por lo que la cancillería está monitoreando cualquier acción en Washington en contra de la familia del expresidente.
En su columna, el periodista señala que los hijos de AMLO, en especial Andrés, tiene una cercana relación con el senador, presuntamente con el contrabando de combustible.
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De acuerdo con el texto, el gobierno de EEUU le confirmó al mexicano que las visas de los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, fueron revocadas. Sin embargo, ambos han señalado que esa información es falsa. La realidad, se asegura, “es que, junto a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ya son tres los mandatarios en activo contra quienes Estados Unidos está actuando, producto de sus investigaciones sobre las presuntas actividades criminales”.
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