
Paula Esbeydi Fajardo Melgarejo pasó seis años guardando silencio hasta el 30 de mayo de 2026, el día que publicó en Facebook los videos que lo rompieron todo: grabaciones de cámaras de seguridad de su propio domicilio en Cuernavaca, Morelos, donde se ve a su exesposo, José Francisco “N”, golpearla, patearla y jalarla del cabello, a veces con sus hijos menores de edad en la misma habitación.
La respuesta de José Francisco “N” no fue presentarse ante las autoridades: el 1 de junio promovió un amparo ante la justicia federal para evitar ser detenido. Dos días después, un juzgado federal le concedió una suspensión provisional que, por el momento, impide que cualquier autoridad estatal o federal lo capture.
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En Morelos, en lo que va de 2026, las agencias del Ministerio Público han recibido alrededor de 2,000 denuncias por violencia familiar. El caso de Paula se convirtió, en cuestión de horas, en el rostro más visible de esa estadística.

La denuncia pública llegó un año después de haberse divorciado de José Francisco “N”, y en parte motivada porque él ya había obtenido previamente un amparo que frustró una primera detención. Esa secuencia —denuncia, amparo, libertad— se repite ahora con mayor exposición pública.
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Paula explicó que guardó silencio durante años no solo por miedo, sino específicamente por respeto a sus hijos y para evitar conflictos mayores. “Mis hijos no solo fueron testigos de violencia; también vivieron las consecuencias emocionales que esta deja en una familia. Por respeto a ellos, durante años preferí guardar silencio, pero estoy cansada de que se niegue lo ocurrido”, escribió en su denuncia pública.
Ante una de las acusaciones implícitas de José Francisco “N”—que Paula manipula a los menores o les impide convivir con él—, ella respondió directamente: asegura que nunca obstaculizó el contacto entre sus hijos y su padre, y afirma contar con pruebas de ocasiones en que ofreció ampliar los tiempos de convivencia, propuestas que, según su testimonio, fueron rechazadas. “La narrativa de que manipulo a mis hijos o les impido convivir con su padre simplemente no corresponde a los hechos”, escribió.
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Los videos: golpes durante el embarazo y agresiones frente a los hijos

Entre los materiales que Paula difundió, el que mayor indignación generó muestra una agresión del 14 de noviembre de 2020: ella estaba embarazada, faltaba un mes para que diera a luz a una de sus hijas, y el video de la cámara de seguridad registra a José Francisco “N” golpeándola e inmovilizándola mientras dos de sus hijos están presentes en la habitación.
Otros videos muestran episodios adicionales: golpes, sometimientos y jalones en distintas áreas del domicilio.
Paula también publicó fotografías de las lesiones que ella y sus hijos sufrieron, capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp y estados del señalado. Las fechas de los archivos corresponden a incidentes que van de 2020 a 2021, según lo que puede verificarse en el material difundido.
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José Francisco “N” respondió al escándalo acusando, ante personas cercanas, que los videos fueron fabricados con inteligencia artificial y señalando a Paula de utilizar a los menores para dañar su imagen. No emitió ninguna declaración pública formal. Paula respondió en su publicación: “No publico esto por venganza ni por dinero. Lo publico porque la verdad importa. Porque las víctimas no deberían cargar además con el peso de ser llamadas mentirosas”.
La abogada Marcela Torres exigió por redes sociales que Paula y sus cuatro hijos sean resguardados, y pidió que se retire la patria potestad a José Francisco “N” con fundamento en el artículo 202 bis del Código Penal de Morelos, “para que no sigan viviendo estas agresiones”.
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El amparo que frena la captura: audiencia el 9 de junio

El 1 de junio de 2026, José Francisco “N” presentó una demanda de amparo indirecto ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con número de expediente 933/2026, a cargo de la jueza Tania Gómez Ibarra. El argumento de su defensa: el temor de que existiera una orden de detención, aprehensión, búsqueda, localización o presentación en su contra.
La jueza concedió la suspensión provisional de oficio y de plano, lo que significa que ni la Fiscalía General del Estado de Morelos, la Agencia de Investigación Criminal o la Fiscalía General de la República puedan ejecutar actos que impliquen privación de la libertad mientras el juzgado analiza la procedencia definitiva de la medida.
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La resolución generó cuestionamientos porque la jueza concedió la medida en medio de la controversia pública provocada por los videos, según consignó La Zapatista.
El 9 de junio a las 10:29 horas está programada la audiencia incidental donde se definirá si la suspensión se mantiene, se modifica o se revoca. De esa decisión depende que la FGE de Morelos pueda proceder con la captura y la posterior imputación formal ante un juez de control.
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La titular de la Secretaría de las Mujeres de Morelos, Clarisa Gómez Manrique, confirmó a Milenio que Paula ya cuenta con medidas de protección: pulsera con botón de pánico y rondines de elementos policiales. Agregó que las acciones se instrumentan por instrucciones de la gobernadora Margarita González Saravia.
La FGE, por su parte, confirmó que el Centro de Justicia para las Mujeres mantiene contacto con Paula “para fortalecer las indagatorias” y garantizó que “ningún acto de violencia en contra de mujeres, niñas y niños quedará impune”.
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