EEUU deportó a más de 4 mil cubanos a México en 15 meses: quedan varados, en un “limbo legal”, y sin acceso a servicios básicos

La organización Human Rights Watch acusó que México se convirtió en el principal receptor de deportaciones de extranjeros realizadas por el gobierno de Donald Trump y advirtió que miles de personas permanecen atrapadas en un “limbo legal” en ciudades del sur del país, sin acceso efectivo a vivienda, atención médica o mecanismos claros para regularizar su estancia.

En el informe titulado “Nos abandonan aquí a morir”, la organización documentó que entre enero de 2025 y marzo de 2026 Estados Unidos deportó a México a 12 mil 977 personas de terceros países, es decir, migrantes que no son ciudadanos estadounidenses ni mexicanos. De acuerdo con el documento, México concentró alrededor del 70 % de todas las deportaciones de extranjeros realizadas por Estados Unidos hacia terceros países durante el actual gobierno de Trump.

Cubanos fueron el grupo más afectado por las deportaciones a México

Según Human Rights Watch, los ciudadanos cubanos representan el grupo más afectado por esta política migratoria. El estudio señaló que 4 mil 353 cubanos fueron deportados a México en el periodo analizado, muchos de ellos después de pasar décadas viviendo en Estados Unidos.

El informe indicó que varios de los deportados llegaron a territorio estadounidense durante el éxodo del Mariel de 1980 o mediante programas migratorios legales implementados en años anteriores. También señaló que numerosos migrantes ya tenían familias, empleo y arraigo en estados como Florida antes de ser enviados a ciudades del sur mexicano.

La organización sostuvo que durante años el gobierno cubano limitó la recepción de deportados desde Estados Unidos, situación que cambió con la política migratoria impulsada por Trump, enfocada en ampliar las deportaciones masivas y negociar acuerdos con terceros países para recibir personas expulsadas.

Human Rights Watch afirmó que las autoridades mexicanas aceptaron recibir a ciudadanos cubanos aun cuando existían restricciones para su retorno a Cuba, pero sin ofrecerles residencia permanente o mecanismos efectivos de integración. El documento concluyó que esto dejó a miles de personas atrapadas en un “limbo legal permanente”.

Human Rights Watch cuestionó acuerdo “no escrito” entre México y Estados Unidos

La organización también denunció la existencia de un acuerdo migratorio no transparente entre ambos gobiernos. El informe citó documentos estadounidenses en los que el Departamento de Justicia reconoció un “acuerdo vigente no escrito” con México para recibir cubanos y otros extranjeros deportados desde Estados Unidos.

Human Rights Watch acusó posibles violaciones al debido proceso y al principio de no devolución, que prohíbe trasladar personas a lugares donde puedan enfrentar riesgos graves. De acuerdo con el estudio, varias personas deportadas alertaron a autoridades estadounidenses sobre amenazas en México, incluidos antecedentes de secuestros y violencia contra familiares, pero aun así fueron enviadas al país sin audiencias individualizadas ni evaluaciones formales de riesgo.

La organización señaló además que la mayoría de los deportados fue enviada a ciudades como Tapachula (Chiapas) y Villahermosa (Tabasco), donde documentó presencia del crimen organizado, altos índices de violencia y condiciones precarias para migrantes.

Entre las 41 personas cubanas entrevistadas por Human Rights Watch, 17 tenían más de 60 años y al menos 22 padecían enfermedades crónicas. El informe indicó que muchos enfrentaron dificultades para acceder a medicamentos o tratamientos médicos por falta de documentos y recursos económicos.

La organización también sostuvo que el sistema mexicano de refugio enfrenta limitaciones para responder al aumento de deportaciones. Aunque las autoridades recomiendan iniciar trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, los entrevistados reportaron retrasos, falta de citas y restricciones para desplazarse fuera de los estados donde presentan sus solicitudes.

El documento añadió que la situación se agravó tras la reducción del financiamiento estadounidense al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México. Según Human Rights Watch, la aportación de Estados Unidos pasó de 50 millones de dólares en 2024 a 8 millones en 2025.

La organización pidió que cualquier deportación de nacionales de terceros países hacia México se realice mediante acuerdos formales y transparentes, además de garantizar acceso efectivo a protección internacional y mecanismos de regularización migratoria.