Cómo Morelos se volvió un “paraíso” del narco: de los capos de los 90 a los alcaldes presos en 2026

El 20 de mayo de 2026, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a seis funcionarios de Morelos acusados de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Entre los detenidos había un presidente municipal en funciones, un exalcalde, el secretario y el tesorero de un ayuntamiento, un oficial mayor y una excandidata. El alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, permanece prófugo.

La FGR confirmó que una estructura criminal presuntamente encabezada por Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, habría logrado infiltrar al menos ocho municipios de Morelos mediante el financiamiento de campañas electorales y la intimidación de actores políticos. Sin embargo, para quienes conocen la historia de Morelos, no fue una sorpresa.

Morelos no cayó en manos del narco en 2024, ni en 2018, ni en 2012. Desde los años 90, cuando los capos más poderosos del país eligieron Cuernavaca como lugar de residencia y operaciones, el estado ha sido territorio estratégico para el crimen organizado.

Lo que cambió con el tiempo no fue la presencia del narco, sino su forma de operar: de las mansiones con fiestas de madrugada custodiadas por policías judiciales, a alcaldes llevados a punta de pistola a reuniones en fincas del oriente.

Amado Carrillo y El Azul: cuando los capos vivían a 300 metros del gobernador

La historia moderna del narco en Morelos arranca por 1994, durante el gobierno del priista Jorge Carrillo Olea. Ese año, dos de los capos más poderosos del país eligieron Cuernavaca como base de operaciones: Amado Carrillo Fuentes, alias “El Señor de los Cielos”, y Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”, ambos del Cártel de Juárez.

Carrillo Fuentes se instaló en una lujosa residencia en la exclusiva zona de Vista Hermosa, sobre la calle Río Amacuzac esquina con Calzada de los Estrada. Esparragoza ocupó la llamada Casa de la Amapola, ubicada sobre el Paseo del Conquistador, en Cuernavaca.

Ambas propiedades estaban a apenas 300 metros de la Casa de Gobierno estatal, según documentó el periodista Jorge Fernández Menéndez en una de sus columnas para Excélsior.

Según el periodista, los capos contaban con la protección de funcionarios de alto nivel. El más relevante fue Armando Martínez Salgado, jefe de la Unidad Antisecuestros de la Policía Judicial de Morelos.

El 28 de diciembre de 1996, cuando Esparragoza organizó una fiesta por sus 25 años de casado en un hotel de Cuernavaca propiedad de Amado Carrillo, Martínez Salgado llegó a las cinco de la tarde en la patrulla número 009 de la Policía Judicial y se retiró a las cinco de la mañana siguiente.

Según confesó el propio Martínez Salgado cuando fue detenido, estaba con Amado Carrillo en su casa.

La presencia de los capos tuvo consecuencias directas para la población. Los aproximadamente 300 sicarios que formaban parte de su seguridad “completaban sus ingresos” realizando secuestros, según documentó Fernández Menéndez. Eso explicaba el incremento notable de plagios en la región y la modalidad exprés que adoptaron para cobrar rescate en los días libres de sus otras ocupaciones.

De ese mismo entorno surgió Daniel Arizmendi López, alias “El Mocha Orejas”, quien llegó a realizar más de 300 secuestros y acumuló decenas de propiedades en Morelos. Una de sus casas, en el fraccionamiento Provincias de Canadá en Cuernavaca, fue resguardada por años por autoridades estatales.

Los Beltrán Leyva y dos gobiernos panistas

Tras la supuesta muerte de El Azul, después llegaron los hermanos Beltrán Leyva. Se quedaron con los contactos, las relaciones y las rutas. Desde Morelos comenzaron a expandir su influencia hacia Guerrero y la Ciudad de México.

El siguiente gobierno que enfrentó el problema fue el del panista Sergio Estrada Cajigal, quien gobernó entre 2000 y 2006.

Durante ese gobierno fue detenido el coordinador de la Policía Ministerial, José Agustín Montiel López, acusado de dar protección al Cártel de Juárez y al de Sinaloa. También fueron señalados el secretario de Gobierno, Eduardo Becerra Pérez, el procurador Guillermo Tenorio Álvarez y el subprocurador para Asuntos contra la Delincuencia Organizada, Alejandro Hernández Arjona.

En diciembre de 2009 Arturo Beltrán Leyva fue abatido por infantes de la Marina en un departamento de lujo del complejo Altitude, en Cuernavaca. Con su muerte terminó la última etapa de hegemonía de un solo grupo criminal en Morelos. Lo que vino después fue mucho más complejo.

Para 2006, la PGR tenía registradas cerca de 120 propiedades incautadas a capos y bandas criminales en Morelos, con un valor estimado superior a los 300 millones de dólares, según informó el director del Registro Público de la Propiedad Juan Carlos Fuentes Nuño a la agencia Apro.

La Hacienda La Luz de Amado Carrillo en Tetecala, donde según versiones recogidas por el periodista Ricardo Ravelo había residencias, albercas y un cementerio privado, hoy opera como hotel de eventos para bodas y quinceañeras.

La fragmentación

La muerte de Arturo Beltrán Leyva en 2010 marcó un punto de quiebre, según el análisis del experto Víctor Sánchez Valdés para Noroeste. De su organización surgieron múltiples grupos más pequeños: los Rojos y Guerreros Unidos, dos células que antes trabajaban juntas y que comenzaron a disputarse el mismo territorio en Guerrero y Morelos.

Ese año representó un segundo punto de inflexión. La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa fue responsabilidad de Guerreros Unidos, lo que llevó a las autoridades a redoblar esfuerzos contra esa organización. Las acciones debilitaron también a los Rojos, cuyos líderes fueron encarcelados y sus territorios mermados. Ese vacío permitió el fortalecimiento de células locales y la llegada de nuevos competidores.

Durante el gobierno de Graco Ramírez (2012-2018), Morelos vivió esa transición en toda su crudeza. Las fosas clandestinas de Tetelcingo y Jojutla golpearon la imagen del gobierno estatal. Las denuncias de infiltración criminal en policías municipales se volvieron recurrentes. Grupos como los Mayas, formados por un operador de Huitzilac llamado Abel Maya Domínguez, y los Aparicio de Temoac, que habían coexistido con los Beltrán Leyva en un ámbito controlado, comenzaron a expandir su territorio.

También llegaron nuevos competidores. La Familia Michoacana, que en 2014 experimentaba un proceso de recomposición tras su fractura con los Caballeros Templarios, comenzó a incursionar en Morelos. Con el tiempo se convertiría en la organización dominante de la entidad: hoy tiene presencia en 22 de los 36 municipios, dominando la parte poniente del estado y el corredor desde Tierra Caliente hasta la Ciudad de México, según el análisis de Sánchez Valdés.

Con Cuauhtémoc Blanco en la gubernatura (2018-2024), la fragmentación se profundizó. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) intensificó su incursión a partir de 2021, cuando Francisco Jaramillo Valdovinos, alias “El Serio”, recibió el encargo de expandirse en el estado.

Hoy el CJNG está presente en 21 municipios de los 36 que tiene Morelos. También llegaron la Unión Tepito desde la Ciudad de México, asentándose en la parte norte, y los Tlacos provenientes de Guerrero, en la zona de Cuernavaca y Jojutla.

El resultado es que hoy en 35 de los 36 municipios de Morelos hay presencia acreditada de al menos una organización criminal. En Cuernavaca operan 10 de las 11 organizaciones identificadas. El único municipio sin presencia acreditada es Hueyapan, donde la comunidad se organizó en autodefensas desde 2018.

El Barbas y el nuevo modelo

Fue también durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco cuando Júpiter Araujo Bernard llegó a Morelos. Según reportes citados por el columnista Héctor de Mauleón en El Universal, Araujo Bernard llegó para encabezar una alianza entre Gente Nueva, célula del Cártel del Pacífico, y la Unión Tepito. La alianza se quebró, pero él se quedó. Se estableció primero en Tepalcingo y avanzó sobre un corredor que abarca Cuautla, Ocuituco, Yecapixtla, Atlatlahucan y Totolapan.

Sánchez Valdés precisa en Noroeste que El Barbas es identificado con la facción de la Mayiza del Cártel de Sinaloa, y que desde Cuautla controla la parte oriente de la entidad, con apoyo de La Empresa, su organización.

Lo que distingue a Araujo Bernard de los capos que lo precedieron no es solo el territorio que controla, sino el método. Amado Carrillo y El Azul compraban protección con dinero y relaciones. El Barbas fue más lejos: financió campañas, colocó operadores en los ayuntamientos y cobró cuotas mensuales a cambio de “mantener tranquilos los municipios”.

En mayo de 2024, durante el proceso electoral, El Barbas interceptó a candidatos, los llevó a punta de pistola a la finca Los Aguacates en Totolapan y les planteó el acuerdo sin rodeos: “Nosotros aportaremos votos a su campaña y, una vez que ganen, cobraremos mensualmente una cuota para mantener tranquilos los municipios”. Los candidatos presentes ganaron las elecciones de junio de 2024.

Las detenciones del 20 de mayo forman parte de la Operación Enjambre, estrategia que acumula más de 70 servidores públicos detenidos en todo el país.