
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que si la Fiscalía General de la República (FGR) recibe por parte de Estados Unidos “pruebas contundentes e irrefutables” contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, las autoridades mexicanas investigarán al mandatario estatal y a los nueve funcionarios del mismo estado que también fueron señalados.
En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria dijo que su gobierno no encubrirá a “nadie que haya cometido un delito”, pero aseguró que si no hay pruebas claras “es evidente” que las acusaciones forman parte de un tema politico.
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“Si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción. Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia.
“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, dijo en Palacio Nacional.
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En este sentido, reiteró su política de la defensa de la soberanía y que “bajo ningún motivo” se permitirá la injerencia extranjera.
“Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía. Esta es nuestra posición”, puntualizó.
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La presidenta confirmó que el 28 de abril, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), recibió diez documentos solicitando la detención provisional con fines de extradición para 10 ciudadanos mexicanos, los cuales turnó a la FGR para la evaluación de dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana.
No obstante, un día después el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América para el Distrito Sur de Nueva York hizo público el levantamiento de cargos contra los mismos 10 ciudadanos mexicanos, reconciendo que entre ellos se encuentra Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán.
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Sheinbaum reprochó que el gobierno estadounidense publicara el documento denominado en español: ‘Acusación de reemplazo bajo reserva’, por tratarse de un proceso considerado confidencial.
“Esto llevó un extrañamiento del jurídico de Relaciones Exteriores, dado que estos procesos son confidenciales acorde con los tratados en la materia”, argumentó.
Sheinbaum Pardo recordó que ayer la FGR informó que analizará la documentación recibida para determinar si existen elementos probatorios suficientes y resolver sobre la viabilidad de las solicitudes.
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Asimismo, iniciará una investigación para reunir información y verificar si hay fundamentos legales para solicitar órdenes de aprehensión, recalcando que la legislación mexicana exige datos de prueba para pedir una orden judicial.
Durante su visita a Sinaloa este fin de semana, el embajador de Estados Unidos participó en la promoción de una nueva empresa para el polo de desarrollo en la entidad.
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La embajada informó sobre la orden de aprehensión con fines de extradición y el propio embajador replicó el mensaje.
Cuestionada sobre si ha tenido comunicación oficial con el embajador tras estos hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que, a partir de esa emisión, no ha tenido contacto con el gobernador y consideró que las declaraciones del embajador son desafortunadas.
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Sostuvo que un embajador extranjero no debe tener una actitud injerencista y subrayó la importancia del respeto mutuo en la relación entre México y otros países.
Sheinbaum citó un fragmento atribuido a Miguel de la Madrid, donde advierte sobre la actitud de imposición de algunos representantes estadounidenses, y destacó que México debe mantener la serenidad y dignidad en sus relaciones exteriores.
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Reiteró que el papel de la presidenta es garantizar la soberanía y el respeto a las leyes mexicanas, mientras que la fiscalía y el Poder Judicial tienen sus propias responsabilidades en el marco legal.
Al preguntarle si considera injerencistas las declaraciones del embajador, Sheinbaum señaló que corresponde a cada quien calificarlas, pero reconoció que adquieren una relevancia distinta tras los hechos recientes ocurridos en Sinaloa.
Ayer, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y nueve funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Las acusaciones incluyen delitos relacionados con narcotráfico, armas y protección a miembros del cártel, específicamente a la facción de “Los Chapitos”, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Según la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, los funcionarios habrían colaborado en la importación de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos, además de proporcionar información confidencial y protección a los líderes del cártel.
Se les señala de permitir actos de violencia y represalias, incluyendo asesinatos, y de recibir pagos a cambio de su colaboración. Entre los acusados figuran altos funcionarios de gobierno y fuerzas de seguridad de Sinaloa, así como el alcalde de Culiacán.
El gobernador Rocha Moya habría recibido apoyo de “Los Chapitos” para resultar electo, mediante supuestos secuestros e intimidaciones a rivales, y se le acusa de participar en reuniones con integrantes del cártel y protegerlos.
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