La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este miércoles que el 28 de abril a las 18 horas recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos, las cuales fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR) para su evaluación conforme a la legislación mexicana.
El comunicado oficial, sin embargo, lanzó una advertencia: los documentos enviados por la Embajada de Estados Unidos no cuentan con elementos de prueba suficientes para determinar la responsabilidad de las personas cuya extradición se solicita. Será la FGR quien determine si existen méritos jurídicos para proceder.
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El contexto: acusaciones contra Rocha Moya y nueve funcionarios
Las solicitudes llegan minutos después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara cargos formales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos —actuales y anteriores— por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos.
Fue el propio embajador Ronald Johnson quien anunció públicamente los cargos, señalando que fueron presentados ante la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York. Entre los señalados figuran también el senador Enrique Inzunza Cazárez y el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega, acusados de conspiración para importar narcóticos y posesión de armas de alto poder.
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Una estrategia anunciada con anticipación
Semanas atrás, Johnson ya había lanzado señales desde Sinaloa durante la ceremonia del proyecto Pacífico Mexinol, con una frase que pocos ignoraron: “Es posible que pronto veamos avances importantes en este ámbito.”
Días después, el diario Los Angeles Times reveló que la administración de Trump preparaba una campaña anticorrupción dirigida contra funcionarios mexicanos con presuntos nexos con el crimen organizado, que podría ir más allá de la cancelación de visas e incluir acusaciones formales ante tribunales federales.
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Sheinbaum: “Lo que tiene que haber es pruebas”
La postura del gobierno mexicano quedó clara desde antes de que llegaran los documentos. La presidenta Claudia Sheinbaum fue directa al ser cuestionada al respecto: la lucha contra la corrupción en México es responsabilidad de las instituciones mexicanas, no de Washington, y cualquier proceso debe estar respaldado por evidencias verificables.
Para ilustrar su punto, Sheinbaum recordó el caso del general Salvador Cienfuegos, detenido en 2020 por la DEA en Estados Unidos y devuelto a México tras comprobarse que no había pruebas suficientes. El mensaje fue implícito pero claro: ya ocurrió antes.
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