
El Congreso de Sonora aprobó en comisión el dictamen que crea la Ley para la Protección de los Derechos Humanos y Atención de las Personas Migrantes, con el compromiso de que en breve pase al pleno para su análisis y posible aprobación.
La propuesta incorpora parte de las recomendaciones expresadas por el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM) y el Seminario Niñez Migrante de El Colegio de Sonora, quienes participaron en los espacios de consulta promovidos por la comisión legislativa.
Tanto el GTPM como el Seminario Niñez Migrante reconocen un avance en el fortalecimiento de la corresponsabilidad de las autoridades estatales y municipales, así como en la creación de espacios de consulta y toma de decisiones como el Consejo Estatal de Atención a Personas Migrantes, donde ya se incluye a la sociedad civil.
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Las organizaciones advierten que la propuesta todavía presenta vacíos importantes en materia de protección y derechos para las personas en contexto de movilidad.
Organizaciones civiles piden reconocer derechos y protección específicos
Las entidades convocantes señalan la ausencia de elementos clave, como el reconocimiento formal de las personas sujetas de protección internacional y un catálogo amplio de derechos que las autoridades estatales y municipales deben respetar, proteger y garantizar a la población migrante y de protección internacional presente en Sonora.
Señalan la necesidad de ampliar y describir principios como el enfoque diferenciado, la interculturalidad, la interseccionalidad, el interés superior de la niñez, la inclusión, la unidad familiar, la igualdad y no discriminación, la perspectiva de género, la ayuda administrativa, la confidencialidad y el acceso al procedimiento de asilo.
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El comunicado puntualiza que la ley requiere definiciones claras sobre apatridia, apoyo humanitario, ciclo migratorio, debido proceso, niñas, niños y adolescentes solos, acompañados, no acompañados y separados, persona sujeta de protección internacional y persona defensora de derechos humanos.
Piden armonización normativa y corresponsabilidad interinstitucional
Entre las recomendaciones dirigidas al Congreso, las organizaciones destacan la necesidad de un capítulo sobre medidas de protección, promoción, respeto y garantía de derechos, la inclusión de las secretarías de Salud, Bienestar, Trabajo y Registro Civil como entidades corresponsables bajo la Coordinación Estatal, así como la ampliación de facultades de la Oficina de Atención a Migrantes.
Se pide armonizar la ley con las disposiciones estatales y federales específicas para la atención de niñas, niños y adolescentes en contextos migratorios, y se propone incorporar la participación de diversas secretarías como vocalías en el Consejo Estatal y de organizaciones de la sociedad civil.
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También se solicita un apartado que defina las responsabilidades del Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Instituto de Defensoría Pública y las autoridades municipales.
Llamado a perfeccionar la ley y fortalecer garantías para la niñez
Las organizaciones reiteran la urgencia de establecer el Fondo Estatal de Protección a Personas Migrantes y Sujetos de Protección Internacional, así como de fortalecer el apartado de sanciones para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley.
“Nuevamente ponemos a disposición nuestro apoyo técnico para que, en palabras del diputado David Figueroa, presidente de la comisión dictaminadora, podamos hacer perfecta la ley en cuestión”, concluyó.
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