El Gran Consejo Maya de Quintana Roo acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de negarles audiencia para participar en la defensa del Grupo Xcaret, en medio del litigio por el uso de símbolos mayas con fines comerciales.
De acuerdo con el posicionamiento difundido, el organismo reclamó que no fue escuchado por el máximo tribunal del país, pese a que sostiene haber autorizado previamente el uso de elementos culturales a la empresa turística.
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Conflicto legal entre Xcaret y comunidades mayas
El caso forma parte de un proceso legal más amplio en el que la SCJN analiza si el Grupo Xcaret puede utilizar elementos del patrimonio cultural maya en su publicidad y actividades turísticas.
En marzo de 2026, la Corte revocó una suspensión que permitía a la empresa continuar con ese uso, al considerar que la protección del patrimonio indígena tiene mayor peso que los intereses comerciales.
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Esto obligó a la empresa a retirar, al menos de manera temporal, la iconografía maya mientras se resuelve el fondo del litigio.
¿Qué reclama el Gran Consejo Maya?
El Gran Consejo Maya señaló que:
- No se le permitió exponer su postura ante la SCJN.
- Considera que su participación es clave, al haber firmado acuerdos con Xcaret.
- Defiende que existen mecanismos de colaboración entre comunidades y la empresa.
El organismo ha sostenido que, desde años anteriores, otorgó consentimiento para el uso de elementos culturales mediante convenios, en ejercicio de su representación indígena.
Debate sobre representación indígena
Uno de los puntos centrales del conflicto es quién tiene la autoridad para autorizar el uso del patrimonio cultural maya.
La SCJN ha subrayado que estos elementos pertenecen de manera colectiva a los pueblos indígenas, por lo que su uso requiere consentimiento amplio y no solo de un grupo o consejo.
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Esto ha generado divisiones, ya que:
- Algunos sectores, como el Gran Consejo Maya, respaldan a Xcaret.
- Otros grupos indígenas rechazan el uso comercial de su cultura.
Impacto del fallo en Xcaret
El proceso legal ya ha tenido consecuencias para la empresa turística. Entre ellas:
- Suspensión del uso de simbología maya en publicidad.
- Cancelación de eventos como la Travesía Sagrada 2026 para evitar conflictos legales.
Además, el caso ha abierto un debate nacional sobre los límites entre turismo, cultura indígena y derechos colectivos.
Un conflicto que sigue abierto
La resolución definitiva de la SCJN aún está pendiente, pero el caso ya sentó un precedente sobre la protección del patrimonio cultural de los pueblos originarios.
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Mientras tanto, el Gran Consejo Maya insiste en que su voz debe ser considerada en el proceso, en un conflicto que no solo enfrenta a una empresa con comunidades, sino que también evidencia divisiones internas sobre la representación y uso de la cultura maya.
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