La implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), prevista para 2027, enfrenta serios cuestionamientos por parte de magistrados, juristas, académicos y colectivos sociales, quienes advierten que existen riesgos estructurales que podrían comprometer su funcionamiento y afectar directamente a millones de personas.
Durante el Foro Nacional “Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares: Avances y Coyunturas. ¿Estamos listos para su implementación?”, especialistas coincidieron en que este ordenamiento, que regulará temas clave como divorcios, pensiones alimenticias, custodias, herencias y patrimonios, aún no cuenta con las condiciones necesarias para su correcta aplicación.
El evento, convocado por la Comisión para la Implementación del CNPCyF, reunió a actores del ámbito judicial, académico y social para evaluar los avances y pendientes de esta reforma considerada una de las más relevantes del sistema jurídico mexicano.
Falta de presupuesto e infraestructura, principales obstáculos
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Carlos Díaz Carranza, advirtió que la falta de recursos económicos es uno de los principales desafíos para la entrada en vigor del nuevo Código. Señaló que, sin una inversión suficiente, será difícil garantizar la infraestructura necesaria para su operación.
A este problema se suma la necesidad de voluntad política para impulsar los cambios institucionales que exige el CNPCyF, así como la urgencia de modernizar los sistemas judiciales en todo el país.
Díaz Carranza subrayó la relevancia de esta legislación al recordar que se trata del tercer ordenamiento jurídico más importante en México, solo por debajo de la Constitución y la Ley de Amparo.
Además, destacó que más del 76 por ciento de las sentencias en el país corresponden a materias civil y familiar, lo que dimensiona el impacto que tendrá su implementación.
Reforma judicial genera incertidumbre en la capacitación de jueces
Otro de los puntos críticos señalados por los especialistas es el impacto de la reciente reforma constitucional que introduce la elección judicial, lo que podría generar incertidumbre en la continuidad y experiencia de los juzgadores.
“¿A quién capacitar?”, cuestionó el magistrado Díaz Carranza, al advertir que existe el riesgo de formar operadores judiciales que eventualmente no permanezcan en sus cargos, lo que podría debilitar la implementación del nuevo sistema.
La capacitación de jueces, abogados y personal judicial fue identificada como uno de los pilares fundamentales para el éxito del CNPCyF, en un contexto donde el tiempo para su entrada en vigor se reduce.
Coordinación institucional y formación, claves para el éxito
Por su parte, la magistrada presidenta del Poder Judicial en Oaxaca, Erika Rodríguez, destacó que el éxito del nuevo Código dependerá del trabajo coordinado entre los tres poderes del Estado, así como de la colaboración con la academia, la comunidad jurídica y la sociedad civil.
Erika Rodríguez señaló que este proceso requiere una estrategia permanente de formación y profesionalización que permita garantizar una justicia más efectiva, incluyente y cercana a la ciudadanía.
Asimismo, la presidenta del Poder Judicial en Oaxaca resaltó la importancia de construir un modelo que atienda la diversidad social del país, incorporando las voces de sectores históricamente excluidos.
Diálogo social para una implementación incluyente
Como parte de los trabajos preparatorios, la Comisión para la Implementación del CNPCyF ha promovido ejercicios de diálogo con universidades, barras de abogados, colectivos de madres autónomas, comunidades indígenas y personas con discapacidad.
El objetivo es generar un diagnóstico integral que permita identificar las necesidades reales del sistema y diseñar soluciones acordes a la complejidad social del país.
El foro, realizado en el Teatro Macedonio Alcalá, en Oaxaca, Oaxaca, contó con la participación de figuras como el senador Javier Corral, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero y el ministro en retiro Juan Luis González Carrancá, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer las condiciones para evitar fallas en la implementación.
El CNPCyF representa una transformación profunda en la justicia civil y familiar en México. Sin embargo, los expertos advierten que, sin presupuesto suficiente, infraestructura adecuada y certeza institucional, su aplicación podría enfrentar serias limitaciones.
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