Claudia Sheinbaum desestima informe de la ONU sobre desapariciones en México

La presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia de prensa matutina, respondió a los señalamientos del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, organismo que días atrás activó el Artículo 34 de la Convención Internacional y anunció que llevará el caso de México ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

Desde la conferencia mañanera en Palacio Nacional, la mandataria fue enfática: el rechazo al informe no significa que su gobierno abandone la búsqueda de personas desaparecidas, sino que el documento tiene fallas metodológicas que lo invalidan.

¿Qué dice el informe y por qué Sheinbaum lo rechaza?

Sheinbaum aclaró, en primer lugar, que el CED no es un comité de Naciones Unidas como tal, sino un grupo de expertos vinculado a la organización. Pero más allá de eso, cuestionó directamente la base del análisis:

• El informe analiza casos de solo cuatro estados de la República
• El periodo estudiado va de 2009 a 2017, es decir, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto
• A partir de esos datos, el comité hace una extrapolación hasta 2025, lo que la presidenta consideró metodológicamente cuestionable

“Los resultados que obtienen de ese análisis, los extrapolan hasta el 2025”, señaló, subrayando que esa proyección no refleja la realidad actual del país.

El argumento de fondo: definición de desaparición forzada

Otro punto central en la postura de Sheinbaum fue la definición misma de desaparición forzada. Según explicó, tanto los estatutos de la propia comisión como los de Naciones Unidas definen este delito como aquel perpetrado por el Estado contra personas, principalmente por razones políticas.

Bajo esa definición, argumentó, el análisis del CED queda fuera de su propio marco normativo, ya que el gobierno mexicano no tolera, no permite ni ordena desapariciones forzadas y rechaza tajantemente su uso como mecanismo de represión o control político.

Lo que sí reconoce el gobierno: avances que el comité ignoró

La mandataria señaló que meses antes de la publicación del informe, las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación enviaron documentación al comité con los avances registrados desde 2019: cambios legislativos, trabajo con colectivos de búsqueda y la conformación de la Comisión Nacional de Búsqueda. Esa información, dijo, no fue tomada en cuenta.

Sheinbaum adelantó que tanto la SRE como Gobernación ofrecerán mayores detalles sobre el proceso y que el gobierno buscará una comunicación directa con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU para exponer su postura.

¿El compromiso intacto?

La presidenta fue clara en separar el rechazo al informe del trabajo cotidiano con las familias de desaparecidos: el gobierno continúa trabajando con los colectivos, opera el sistema de alertas y mantiene como objetivo erradicar las desapariciones vinculadas principalmente al crimen organizado.

“Esto no tiene nada que ver con el trabajo que hacemos con los colectivos ni con la solidaridad que tenemos con madres y padres de familia”, afirmó.