La diputada Marisela Zúñiga Cerón presentó dos iniciativas en la Cámara de Diputados mexicanas destinadas a fortalecer la política pública de gestión menstrual y convertirla en un derecho humano garantizado para las mujeres.
El objetivo es superar la insuficiencia de infraestructura y transparencia estatal y cerrar la brecha de desigualdad en el acceso a productos y espacios dignos.
Zúñiga Cerón, del partido Morena, sostuvo en conferencia de prensa que una menstruación digna constituye un asunto de justicia social y de derechos humanos, y que su cobertura es determinante para garantizar acceso igualitario a la educación, la salud y una vida libre de violencia.
Uno de los datos expuestos por la propia legisladora modifica el panorama de urgencia: incluso con avances en entidades como Ciudad de México y Jalisco, todavía existen estados donde la política de gestión menstrual “sigue siendo inexistente o ineficiente”.
La diputada propuso, en su primer punto de acuerdo, que los órganos de evaluación de las 32 entidades federativas publiquen el estado real de sus políticas de menstruación digna, para que las cifras sean transparentes y rastreables por la ciudadanía.
La legisladora destacó que la gestión menstrual digna no se reduce a la entrega de productos, sino que exige acceso a baños limpios, privados y con agua potable, educación menstrual específica que elimine estigmas y la separación de este derecho respecto de la educación sexual y reproductiva.
Dentro del paquete de iniciativas, el segundo punto de acuerdo busca que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) diseñe y ejecute la primera Encuesta Nacional de Gestión Menstrual (Enagem), con el fin de dotar a México de una herramienta científica que permita medir sistemáticamente el fenómeno.
También indicó que, de acuerdo con datos de organizaciones civiles, el 43 % de las adolescentes en hogares de bajos recursos del país experimenta dificultades para acceder a productos de gestión menstrual.
Con base en estos antecedentes, defendió la idea de incluir el gasto específico en gestión menstrual en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH), con el propósito de dimensionar el llamado “impuesto rosa” y orientar políticas públicas que eliminen desigualdades estructurales.
El alcance multidimensional de la brecha menstrual en México
Entre las principales aportaciones del foro para discutir los derechos menstruales, Berenice Vargas Ibáñez, subdirectora de planeación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), subrayó que la gestión menstrual digna es resultado de la colaboración entre sociedad civil, academia y gobierno.
La gestión menstrual digna, afirmaron las participantes de organizaciones y universidades, no solo implica productos adecuados, sino también infraestructura, educación y políticas públicas diseñadas con enfoque de género y respeto al derecho de todas las mujeres a la dignidad, la salud y el pleno ejercicio de su ciudadanía.
Menstruación de mujeres privadas de la libertad es prioridad
Vargas Ibáñez destacó que Copred ha realizado diagnósticos para grupos prioritarios, como mujeres privadas de la libertad, personas en situación de calle o de movilidad, y actualmente trabaja en investigaciones focalizadas en personas afromexicanas, indígenas y con discapacidad. El objetivo es desarrollar políticas públicas integrales que eliminen barreras de acceso.
Beatriz Maldonado, presidenta de la Asociación Mujeres Unidas por la Libertad, denunció la exclusión de mujeres en prisiones mexicanas: en ausencia de apoyo familiar o acceso a empleo, muchas deben gestionar su menstruación “con un calcetín, papel de baño, cubrebocas o rompiendo colchones de esponja”.
Maldonado precisó que la organización lleva seis años solicitando al Estado la provisión gratuita de toallas femeninas en los centros penitenciarios, dado que, en condiciones de acceso precario al agua, “el uso de copas menstruales no es viable y podría generar enfermedades urinarias y ginecológicas”.
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