Informe de desapariciones en México omite responsabilidad del Estado, afirman organizaciones

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum diera un informe sobre los casos de desaparecidos en México, la organización Data Cívica denunció que cifras tan sensibles no caben solo dentro de una carpeta de investigación.

“Reducir la crisis a una gestión de archivos ministeriales no es solo un error metodológico, es una decisión política que invisibiliza a las víctimas”, denunció la organización.

A través de un comunicado manifestó su preocupación, junto con otras organizaciones que se dedican al acompañamiento de familias buscadoras, sobre la presentación de los avances del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) que presentó el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Utilizar solo las carpetas de investigación para medir la magnitud de la desaparición en México produce una distorsión de la realidad, dado que la cifra negra de delitos no denunciados en el país alcanza el 93%, se lee en el comunicado.

“Sugerir que la apertura de una carpeta de investigación es indispensable para realizar acciones de búsquedas, merma el derecho de todas las personas a ser buscadas”, advirtió Data Cívica.

Denuncian retroceso legal

De acuerdo a lo anunciado hoy durante la conferencia matutina, las fiscalías estarán “obligadas” a abrir carpetas de investigación por desaparición, sin embargo, Data Cívica aclaró al respecto que esta obligación ya existe desde la entrada en vigor de la Ley General de 2017.

“Afirmar que esto es una novedad ignora que el verdadero obstáculo no es la falta de leyes, sino las malas prácticas, la corrupción y la omisión sistemática de las fiscalías”, aseveró la organización.

Señaló que “condicionar el registro de una persona desaparecida a la existencia de una carpeta es premiar la ineficiencia institucional”.

Además, cuestiona que durante la presentación del informe esta mañana, no se haya dado a conocer la metodología que sustentó afirmaciones como “que el 96% de las personas localizadas no fueron víctimas de delito”.

Este tipo de mensajes, advierte, puede minimizar la gravedad de la crisis y desdibujar las obligaciones del Estado mexicano frente a las familias.

¿Y la responsabilidad del Estado?

El Estado no es un espectador antes la situación de desapariciones en México. Data Cívica alertó sobre la narrativa del gobierno donde atribuye las desapariciones al crimen organizado o a la llamada Guerra Sucia, eximiendo de responsabilidad al Estado actual.

De acuerdo a la organización hay al menos tres formas de responsabilidad estatal: la participación directa o aquiescencia en desapariciones y fosas, la omisión y corrupción que permite operar redes criminales con libertad y la impunidad como resultado de investigaciones incompletas o inexistentes. Sin embargo, nada de ello fue señalado desde Palacio Nacional.

“Mientras apenas una fracción mínima de los casos reconocidos cuente con una investigación real, el mensaje del Estado es de permisividad”, aseveró.

Data Cívica, junto con otros colectivos, reiteraron su exigencia de que la gestión de la crisis de desaparición no se reduzca a una cuestión administrativa, insistiendo en “la responsabilidad del Estado y el derecho de las familias a la verdad y la justicia”.

“Escuchar menciones de colaboración con organizaciones en espacios oficiales, mientras en la práctica se nos excluye de la construcción de las metodologías y se posponen las mesas de trabajo, es una forma de simulación”, finaliza el comunicado.