
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este 17 de marzo la reforma que redefinió los mecanismos de apoyo federal tras resolver la Acción de Inconstitucionalidad 303/2020, en relación con la eliminación de varios fideicomisos y fondos públicos, según confirmó el máximo tribunal mexicano en un comunicado oficial.
De acuerdo con la SCJN, la reorganización de recursos implementada desde el decreto publicado el 6 de noviembre de 2020 (bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador) en el Diario Oficial de la Federación, está vinculada con los objetivos de mayor transparencia y un uso más eficiente del gasto público, al tiempo que ordenó que las medidas de austeridad, como la desaparición de fideicomisos, respeten los derechos humanos y el principio de progresividad.
El Pleno detalló que, aunque algunos de estos instrumentos estaban relacionados con la protección de derechos, el Estado mexicano mantiene la obligación de garantizar tales a través de mecanismos presupuestarios ordinarios.
Los fideicomisos son instrumentos del Poder Ejecutivo, su extinción no vulnera derechos

La sentencia establece que los fondos y fideicomisos funcionan como instrumentos auxiliares del Poder Ejecutivo Federal y que su extinción no constituye por sí misma una lesión a derechos fundamentales, sino una modificación en la administración y ejercicio de los recursos públicos.
El tribunal concluyó que no se identificaron irregularidades invalidantes en el proceso legislativo ni se afectó la razonabilidad de las decisiones relativas al gasto público.
El fallo de la SCJN puntualiza, además, que ya quedaron sin efectos las impugnaciones relativas a la Ley Aduanera y la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, debido a su reforma posterior, así como las relacionadas con la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y la Ley de Ciencia y Tecnología, que fueron abrogadas.
Afirma Sheinbaum que colecta de AMLO será fiscalizada

La respuesta de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, a la convocatoria de López Obrador para reunir recursos en apoyo al pueblo cubano incluyó la garantía de que la colecta fiscalizada cumplirá todas las normas vigentes y que la supervisión de la cuenta bancaria utilizada será equivalente a la de cualquier cuenta en el país.
Esta campaña, propuesta por el expresidente, pone en primer plano el compromiso público de las autoridades mexicanas de sujetar todos los fondos recolectados a las regulaciones financieras existentes, según declaraciones de Sheinbaum.
Sheinbaum fue clara al precisar: “Todas las cuentas de banco tienen que tener una reglamentación igual. No es algo que vaya a ser excluido de la regla de todos los depósitos; todo siempre es fiscalizado porque decían quién sabe cuánta cosa. Este es un llamado solidario al pueblo de Cuba”.
Ante la consulta sobre los fundamentos administrativos de la asociación responsable de recolectar las donaciones, Sheinbaum explicó que la petición de ser donataria fue tramitada y aprobada por la Secretaría de Hacienda. No obstante, la presidenta aclaró no contar con información sobre la fecha de constitución de Humanidad con América Latina.
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