El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, adelantó que su bancada votará en contra del denominado Plan B de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante una conferencia, el legislador lanzó críticas directas al proyecto al asegurar que no se trata de una medida de austeridad, sino de control político.
“No es el plan B, es el plan Maduro. Es un traje a la medida, igual que en Venezuela”, afirmó.
Añorve sostuvo que la propuesta busca debilitar a las instituciones electorales y reducir los contrapesos en los gobiernos locales.
El senador señaló que uno de los objetivos centrales sería “disminuir y callar al INE”, además de reducir la representación proporcional en municipios, lo que —dijo— afectaría los mecanismos de fiscalización y equilibrio político.
Alejandro Moreno confirma voto en contra del PRI
La postura de Añorve coincide con lo expresado previamente por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien ya había adelantado el rechazo de su partido a la iniciativa.
En declaraciones públicas, Moreno afirmó que la propuesta no requiere mayor análisis para fijar una postura: “no hay necesidad ni de verlo”, al considerar que el contenido ya refleja una línea política alineada con el gobierno federal.
En entrevista radiofónica, el líder priista fue más contundente al señalar que votará en contra “de esa locura del Plan B”, al tiempo que acusó que la iniciativa no resuelve problemas de fondo y promueve la concentración del poder.
Sheinbaum envía el Plan B al Senado para su discusión
Tras la presentación del proyecto, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la propuesta será turnada al Senado de la República para su análisis y eventual votación.
El Plan B forma parte de una serie de ajustes legales en materia electoral que, según el gobierno federal, buscan reducir gastos y eliminar privilegios en distintos niveles de gobierno, además de fortalecer la participación ciudadana.
¿En qué consiste el Plan B de la reforma electoral?
De acuerdo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la iniciativa plantea cambios orientados a la austeridad y transparencia en el sistema político-electoral.
Entre las principales medidas destacan:
- Reducción del número de regidurías en municipios (mínimo 7 y máximo 15)
- Limitación a una sola sindicatura por municipio
- Tope presupuestal a congresos locales (0.70% del presupuesto estatal)
- Reducción progresiva del gasto en el Senado hasta en 15%
- Eliminación de bonos, seguros médicos y prestaciones adicionales
- Prohibición de que funcionarios ganen más que la Presidencia
- Obligación de partidos de transparentar ingresos y salarios
- Reporte financiero en tiempo real de partidos políticos
- Prohibición de recursos ilícitos o en efectivo
- Fortalecimiento de la revocación de mandato
Oposición advierte riesgos para el INE y la democracia
Las críticas al Plan B no se limitan al PRI. Desde el PAN, su dirigente nacional, Jorge Romero, señaló que existen reservas importantes sobre la legalidad de algunos cambios propuestos.
En entrevista, advirtió que modificar aspectos como la revocación de mandato mediante leyes secundarias podría ser inconstitucional. “Cambiar la fecha de la revocación del mandato no se puede mediante leyes secundarias”, sostuvo.
Tanto PRI como PAN han coincidido en que la iniciativa podría debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE) y reducir los contrapesos institucionales, lo que consideran un riesgo para el equilibrio democrático.
Debate en el Senado marcará el futuro de la reforma
El envío del Plan B al Senado abre una nueva etapa de discusión legislativa en la que se anticipa un debate polarizado entre mayoría y oposición.
Mientras el gobierno defiende la propuesta como un mecanismo de austeridad y eficiencia, los partidos opositores han cerrado filas en contra, argumentando que implica retrocesos en materia electoral.
El desenlace dependerá de la correlación de fuerzas en la Cámara Alta, donde se definirá si la iniciativa avanza, se modifica o es rechazada.
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