En abril de 2007, la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal aprobó la ley que despenalizó el aborto hasta la semana 12 de gestación, estableciendo un precedente jurídico que transformó el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en México. Desde su entrada en vigor, la norma garantiza que las personas con capacidad de gestar puedan interrumpir su embarazo durante el primer trimestre, sin enfrentar consecuencias penales, de acuerdo con un artículo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La reforma incluyó cambios al Código Penal, modificaciones a la Ley de Salud y nuevos compromisos institucionales, como la promoción de educación integral en sexualidad. Según cifras oficiales, entre 2007 y 2023, los servicios de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la Ciudad de México atendieron a 261,989 personas. Este programa ha recibido a mujeres y niñas de otras entidades y países donde el aborto sigue tipificado como delito o no existen condiciones seguras para realizarlo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 45% de los abortos en el mundo ocurren en condiciones peligrosas, un factor que contribuye de forma directa a la morbimortalidad materna y que provoca consecuencias sociales, económicas, físicas y psicológicas.
Mientras que la CNDH, informó que de abril de 2007 a junio de 2024, se llevaron a cabo 277 mil 268 Interrupciones Legales del Embarazo en el sector público de la capital del país, de las cuales, el 68% corresponden a habitantes de la Ciudad de México, 28% del Estado de México y un 4% a otras entidades federativas.
Camino jurídico y los argumentos científicos
El avance legal en la capital mexicana no fue el inicio de la lucha feminista por la maternidad voluntaria, pero sí sentó las bases jurídicas para la defensa del derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Esta reforma se convirtió en referencia para otros estados del país, marcando el camino para futuras legislaciones.
La historia de la ILE ha estado marcada por debates entre posturas conservadoras y progresistas. El análisis bioético iniciado en la UNAM y las aportaciones científicas del doctor Ricardo Tapia Ibargüengoytia, investigador del Instituto de Fisiología Celular, resultaron clave en la argumentación.
En un documento del Programa Universitario de Bioética (PUB), afirmó: “No hay nada no biológico, sobrenatural o espiritual en el genoma humano y, por lo tanto, no existen razones científicas para considerar que un cigoto, un blastocisto o un embrión de 12, 14 o 20 semanas tenga dignidad humana y sea una persona”.
La maestra Lourdes Enríquez, académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, explicó que la formación del sistema nervioso central inicia cerca de la semana veintitrés, motivo por el que otros países han ampliado el periodo de despenalización más allá de las 12 semanas.
“El sistema nervioso central se empieza a formar a partir de la semana veintitrés, aproximadamente; por eso hay países en que la despenalización es más amplia en el tiempo, realmente hablar de 12 semanas es muy conservador”, señaló.
El proceso legal enfrentó obstáculos. En abril de 2007, las instituciones de salud comenzaron a ofrecer el servicio de ILE, pero, tres semanas después, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR) promovieron un litigio para revertir la ley. En agosto de 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que las reformas eran constitucionales, consolidando la legalidad del aborto hasta la semana 12 en la capital.
Panorama nacional y objeción de conciencia
De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), hasta julio de 2023 la causal por violación sexual es la única garantizada en todos los códigos penales del país. Solo diez estados, entre ellos CDMX, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Colima, Quintana Roo, Baja California y Baja California Sur, han despenalizado el aborto voluntario durante las primeras 12 semanas. En Yucatán y Michoacán se consideran motivos económicos, mientras que Coahuila no criminaliza la interrupción voluntaria del embarazo.
La objeción de conciencia se ha utilizado como mecanismo para limitar el acceso a los servicios. Una reforma legislativa permitió que cualquier integrante del personal hospitalario negara el servicio por convicciones personales. “El poder legislativo votó un cambio a la Ley de Salud, en la que cualquier persona del gremio hospitalario, desde el camillero, el personal médico y de enfermería o de trabajo social, podían objetar en conciencia y negar el servicio. Como yo lo veo, es un uso a veces hasta perverso de una libertad garantizada en el artículo 24 constitucional, que dice que todas las personas tenemos libertad de religión, libertad de conciencia y libertad de convicciones éticas, pero con ese argumento niegan el servicio de ILE a quienes en todo su derecho lo solicitan”, afirmó la maestra Enríquez.
La SCJN determinó en septiembre de 2021 que la objeción de conciencia no es absoluta y el Estado debe garantizar la disponibilidad de personal no objetor. La Corte también influyó en la Ley General de Salud, estableciendo que negar servicios como el aborto constituye un acto de discriminación, especialmente cuando el embarazo implica riesgos para la salud física, emocional o social de la persona gestante.
Fallos históricos y el escenario actual
Un fallo histórico de la Suprema Corte, sucedió en septiembre de 2021 cuando declaró inconstitucional criminalizar el aborto en cualquier etapa de la gestación, tras revisar el artículo 173 de la Constitución de Coahuila. La resolución reconoció que penalizar la interrupción voluntaria del embarazo vulnera los derechos de las mujeres y personas gestantes, y señaló que la vía penal no protege el proceso de gestación.
A pesar de este avance, la despenalización no se aplicó de inmediato en todo el país, por lo que el acceso al aborto seguro siguió siendo desigual y limitado en diversas regiones.
La Secretaría de Salud publicó lineamientos para el aborto seguro, que incluyen las resoluciones de la Corte y exhortan a todas las secretarías estatales a garantizar el servicio conforme a la ley. La implementación de estos lineamientos sigue pendiente en varias entidades.
El 6 de septiembre de 2023, el máximo tribunal declaró la despenalización del aborto a nivel federal, determinando que el sistema jurídico que regula el delito de aborto en el Código Penal Federal es inconstitucional porque contradice el derecho a decidir. La decisión obliga a instituciones como el IMSS y el ISSSTE a brindar el servicio sin criminalizar al personal médico.
Aborto legal en el contexto internacional
En el marco internacional, no existe uniformidad en las legislaciones sobre el aborto. Países como Suecia permiten la interrupción hasta la semana 18, Francia hasta la 16 y la mayoría de los miembros de la Unión Europea hasta la semana 12 o 14. En Estados Unidos, la Suprema Corte revocó la protección federal del aborto en 2022, delegando la regulación a los estados, donde más de la mitad lo criminalizan. En América Latina, las diferencias legales persisten: en El Salvador el aborto está totalmente prohibido, en Argentina es legal hasta la semana 14 y en Colombia hasta la 24.
Innovación médica y acompañamiento social
El avance científico y tecnológico ha transformado las prácticas. Según la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de la CDMX, el 95% de las interrupciones legales se realizan con medicamentos como mifepristona y misoprostol, mientras que el 80% de las 261,989 personas atendidas entre 2007 y 2023 optaron por este método. El procedimiento por aspiración se aplica en casos específicos, dependiendo de la semana de gestación y la evaluación médica.
El acompañamiento a la interrupción del embarazo autogestionada ha crecido con la capacitación de grupos y activistas. La maestra Lourdes Enríquez detalla que el apoyo incluye asesoría sobre el uso de medicamentos, cuidados emocionales y orientación legal. En la frontera norte, las activistas mexicanas han colaborado con personas afectadas por la prohibición en Estados Unidos, facilitando acceso a medicamentos y acompañamiento seguro.
Educación sexual, una deuda pendiente
El compromiso institucional también contemplaba la educación integral en sexualidad y anticoncepción. La académica advierte que la falta de voluntad política y la resistencia de algunos sectores sociales han dificultado la implementación de estos programas en el sistema educativo.
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