
* Jessica Gonzalez Castro l Directora Ejecutiva en Generación Vegana
En Sitilpech, Yucatán, una comunidad indígena, conocí a mujeres que habían sido empujadas, amenazadas y criminalizadas por protestar pacíficamente contra una mega granja porcícola con capacidad para 48 mil cerdos en febrero del 2023. Exigían agua limpia y aire respirable. Defendían algo básico: la salud de sus hijas e hijos y el derecho a decidir sobre su territorio.
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No es un caso aislado. En México y América Latina, las mujeres solemos estar en la primera línea de las luchas sociales: en la defensa del agua frente a proyectos extractivos, en la resistencia indígena, en el activismo climático y también en la defensa de los animales. Ponemos el cuerpo literalmente frente a estructuras económicas que concentran poder y recursos.

En Yucatán, México operan más de 800 granjas porcícolas industriales, alrededor de 808 según registros oficiales, muchas de ellas diseñadas como salas de maternidad dentro del sistema de producción. En estos espacios, miles de cerdas son inseminadas artificialmente de manera sistemática para sostener la cadena productiva. Pasan semanas en jaulas de gestación que limitan su movimiento y paren en instalaciones donde sus crías son separadas a los pocos días de nacer. El ciclo se repite una y otra vez hasta que sus cuerpos dejan de ser considerados productivos. La industria lo llama eficiencia.
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Pero los datos muestran la escala del modelo. Según la FAO, en el mundo se crían cerca de mil millones de cerdos cada año para consumo humano. En México, la producción supera los 1.7 millones de toneladas anuales de carne de cerdo (SIAP-SADER, 2023), ubicando al país entre los principales productores de América Latina. Yucatán se ha convertido en uno de los polos estratégicos del sector, con una expansión acelerada en la última década.

Investigaciones periodísticas internacionales, como la publicada por The Guardian en 2024, han documentado denuncias de comunidades mayas sobre contaminación del agua y falta de consulta previa ante la instalación de mega granjas en la región.
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El patrón es evidente: territorios indígenas presionados por megaproyectos, comunidades frecuentemente lideradas por mujeres que enfrentan intimidación, y sistemas productivos que convierten cuerpos femeninos en unidades de rentabilidad.
Las mujeres que protestan en Sitilpech no lo hacen por ideología abstracta. Lo hacen porque entienden que defender el agua es defender la vida. Y lo hacen en un contexto donde la industria porcícola tiene poder político.
La pregunta es incómoda pero necesaria: ¿quién financia este sistema?

Cada decisión de consumo sostiene o cuestiona estas estructuras. Según datos de la propia industria, más del 80% de la producción porcina mexicana proviene de sistemas intensivos. Eso significa que la mayoría de los productos derivados del cerdo están vinculados a este modelo de alta densidad y reproducción controlada.
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Crear conciencia no es únicamente compartir imágenes impactantes. Es comprender las cifras, las cadenas de valor y las consecuencias ambientales y sociales de nuestras decisiones cotidianas. Es reconocer que el consumo no es neutral.
Si las mujeres han estado históricamente en la primera línea defendiendo la vida, quizá el siguiente paso sea ampliar la conversación: cuestionar también las industrias que transforman la maternidad no humana en mercancía.
Ni la tierra, ni las mujeres, ni los animales somos territorios de conquista.
* Jessica Gonzalez Castro l Directora Ejecutiva en Generación Vegana
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