Poncho de Nigris ha solicitado protección urgente tanto al estado de Morelos como a instancias federales de México, tras denunciar ante la opinión pública que él y su familia reciben amenazas de muerte recurrentes.
El supuesto riesgo de seguridad se da tras la reciente liberación de Juanita Sánchez Quintanilla, su exsuegra, conocida como “La Tía”, quien estuvo vinculada a delitos de secuestro y delincuencia organizada.
Las peticiones del también actor se produjeron después de que Juanita Sánchez, apodada “La Tía”, abandonara el Centro de Reinserción Social del Estado de Morelos el pasado 30 de enero de 2026.
De acuerdo al comunicado oficial publicado por De Nigris en sus redes sociales, la liberación de Sánchez Quintanilla reactiva un “riesgo real que ha marcado a su familia desde hace años”.
La exsuegra, detenida por secuestro y delincuencia organizada, recuperó su libertad tras reducción de condena
Juanita Sánchez Quintanilla fue arrestada en 2014 bajo los cargos de delincuencia organizada y secuestro de Armando Gómez, esposo de la cantante Gloria Trevi.
Inicialmente, la sentencia fue de 41 años de prisión, pero en el año 2022 la pena se redujo a 29 años, lo que allanó el camino para su salida anticipada del Centro Federal de Readaptación Social Femenil a comienzos de 2026.
En su mensaje al público, De Nigris remarcó que, aun cuando no cuestiona las resoluciones judiciales que permitieron la liberación de su exsuegra, tiene derecho a solicitar protección ante lo que calificó como “peligro inminente”.
El conductor puntualizó que procederá ante las autoridades a presentar las denuncias correspondientes. Añadió de forma categórica que, para preservar la seguridad de su entorno familiar, evitará hacer comentarios adicionales sobre su vida privada.
La preocupación por el contexto del caso trascendió el ámbito personal, dado que, según De Nigris, existe un historial de delitos graves relacionados con miembros de su ex familia política, situación que mantiene en alerta a su círculo cercano.
La reacción del medio artístico y de la opinión pública permanece atenta a la evolución de la denuncia del regio y a la respuesta de las autoridades mexicanas en materia de garantías y protección.
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