La tarde del pasado viernes 13 de febrero de 2026, un juez federal concedió un amparo que dejó en libertad a José Luis A.C., dueño del crematorio Plenitud, en Ciudad Juárez, Chihuahua. El hombre estaba detenido desde el 1 de julio de 2025, tras el hallazgo de 386 cuerpos sin incinerar dentro del establecimiento.
El Juez Séptimo de Distrito, Luis Eduardo Rivas Martínez, determinó que los hechos imputados no constituyen un delito grave, sino faltas administrativas, por lo que ordenó la liberación y la cancelación de la vinculación a proceso. Esta resolución aplica a la acusación de trato indigno a cadáveres y posibles violaciones a la Ley General de Salud.
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La decisión judicial ha generado protestas e indignación pública, tanto de colectivos de familiares como de representantes sociales que califican el fallo como una burla a las víctimas y a la justicia.
Hallazgo macabro y secuelas aún sin resolver
En junio de 2025, autoridades localizaron los 386 cuerpos apilados y en condiciones insalubres en varias áreas del crematorio, algunas con fechas de muerte que databan de años atrás. Algunos restos estaban tan deteriorados que la identificación se volvió un proceso extenso y doloroso para las familias afectadas.
Tras el descubrimiento, las autoridades trasladaron los cuerpos al Servicio Médico Forense, donde se requirió equipo especializado, como trailers refrigerados, para su resguardo. A inicios de 2026, alrededor de 170 cuerpos habían sido identificados y poco más de 165 familias habían sido notificadas.
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Uno de los trabajadores detenidos en 2025, Facundo M.R., falleció por problemas de salud mientras estaba bajo proceso penal, lo que complicó aún más la investigación original.
Familias exigen justicia y participación federal
Poco después de que se conociera la noticia de la liberación de José Luis A.C., grupos de familiares afectados emitieron comunicados y cartas abiertas expresando su rechazo y profundo dolor. Denunciaron que tratar el hallazgo de cientos de cuerpos sin incinerar y la entrega de cenizas falsas como una irregularidad administrativa contradice los estándares de justicia.
“Es una burla para la sociedad”… señalaron en su pronunciamiento, exigiendo la intervención directa del Gobierno Federal y que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso debido a lo que consideran una falta de voluntad de las autoridades locales para sostener acusaciones firmes.
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Las familias han solicitado además que se revisen con rigor las responsabilidades de quienes emitieron permisos o supervisaron las operaciones del crematorio, y que se sancione cualquier omisión que haya permitido el trato indigno de restos humanos.
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