Suprema Corte analizará si reducen condena a Mario Aburto por homicidio de Colosio

El máximo tribunal del país discutirá la admisión de la solicitud luego de múltiples resoluciones judiciales y opiniones divididas entre instituciones federales y estatales

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El fallo de 2023 estableció
El fallo de 2023 estableció que la condena de 45 años para Mario Aburto por el homicidio de Colosio fue aplicada de manera incorrecta según el Código Penal de Baja California de 1994. (Infobae México/Jesús Avilés)

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá el 21 de enero de 2026 si acepta resolver la solicitud de reducción de condena a Mario Aburto Martínez por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

La decisión abordará si la Corte asume el caso sobre la pena de prisión impuesta a Aburto por el homicidio del ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ocurrido en 1994 en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana.

En 2024, Aburto obtuvo una resolución judicial que señalaba que la condena de 45 años de prisión se impuso de manera incorrecta, de acuerdo con Zeta Tijuana.

El Primer Tribunal Colegiado de
El Primer Tribunal Colegiado de Toluca determinó que la pena máxima para Aburto debió ser de 30 años, ya que Colosio era candidato presidencial y no funcionario en funciones. (Jesús Abraham Avilés Ortiz-Infobae México)

Por qué se debate la duración de la sentencia de Mario Aburto

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México, con sede en Toluca, determinó que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) debió fundamentar la acusación conforme al Código Penal de Baja California vigente en 1994, que contemplaba una pena máxima de 30 años. Este criterio tomó en cuenta que Colosio era candidato presidencial y no ocupaba ningún cargo público en ese momento.

La sentencia emitida en octubre de 2023 permitía la posibilidad de que Aburto Martínez pudiera recuperar su libertad a partir del 23 de marzo de 2024, fecha en que se cumplirían 30 años del magnicidio, detalló Zeta Tijuana.

Sin embargo, la PGR impugnó la resolución, lo que provocó que el caso llegara a la Suprema Corte. El 23 de octubre de 2024, la Primera Sala revocó la sentencia del Tribunal Colegiado con una votación de tres a dos, y ordenó reponer el procedimiento de amparo y avisar a los familiares de Colosio Murrieta para que participaran como víctimas indirectas.

Tras el asesinato de Colosio,
Tras el asesinato de Colosio, su coordinador de campaña, Ernesto Zedillo, fue el candidato del PRI y sucesor de Carlos Salinas de Gortari. (X/@ElTuerkaas)

El análisis que realizará el Pleno de la SCJN no incluye un proyecto de resolución previo. Los ministros decidirán únicamente si la Corte atraerá el caso a través de una Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción (SEFA).

Si el máximo tribunal acepta, el expediente del amparo directo 104/2021 será remitido y turnado a uno de los ministros para la elaboración del proyecto de resolución. En caso contrario, el asunto quedará en manos del Tribunal Colegiado en Toluca.

Según Zeta Tijuana, la reposición del amparo respondió a la necesidad de garantizar la participación de los familiares de Colosio Murrieta como víctimas indirectas.

Los familiares de Luis Donaldo
Los familiares de Luis Donaldo Colosio Murrieta fueron notificados y tienen acceso al expediente, pero no han participado en el proceso judicial según la defensa de Mario Aburto. (Fundación Colosio)

Jaqueline Sáenz Andujo, titular de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) y representante legal de Aburto, afirmó que los familiares del ex candidato nunca se han presentado a consultar el caso ni los recursos interpuestos, pese a haber sido notificados y contar con acceso a la información desde la década de los noventa.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la SCJN que atrajera el asunto antes de que el Tribunal Colegiado emitiera nueva sentencia, como lo ordenó la Primera Sala, indicó Zeta Tijuana.

Mario Aburto Martínez permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 12, en Ocampo, Guanajuato. La decisión de la Corte impactará los derechos procesales de las víctimas indirectas y la aplicación de normativas locales en delitos de alto perfil político.