
A pesar de que en 2020 se hizo un decreto que prohibe el uso de jammers en México, en diferentes operativos recientes, se han incautado inhibidores de señal utilizados con distintos fines delictivos.
Entre las posibles causas de que estos artefactos sigan presentes en delitos, está la fácil adquisición de los mismos, pues incluso en plataformas digitales se pueden adquirir y algunos se encuentran por debajo de los 500 pesos.
Por ello, en el decreto del Diario Oficial de la Federación se estableció que este equipamiento está limitado únicamente a personal de seguridad en el ejercicio de sus funciones, por lo que, quien utilice algún tipo de inhibidor de señales, puede recibir una sanción que va desde los 12 hasta los 18 años de prisión.

Los delitos que involucran el uso de jammers van desde la extorsión al sector cárnico, como los casos registrados en el estado de Guanajuato, hasta enfrentamientos con elementos de las Fuerzas Armadas en la zona norte del país.
Esto debido a que existen distintos tipos de inhibidores, los cuales pueden bloquear comunicaciones celulares, GPS o Wi-Fi en zonas de conflicto, facilitando así sus actividades ilícitas, pues les permitieron evadir a las autoridades.
Así, en diferentes zonas serranas se han asegurado antenas solares inhibidoras de frecuencia en regiones como Cosalá y San Ignacio, Sinaloa, durante conflictos entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con una investigación realizada por Infobae México, existen diferentes tipos de jammers, los cuales pueden clasificarse en tres tipos: semifijos, de “pistola” y portátiles.
En la primera clasificación se consideran las antenas, que bloquean señales en un radio de hasta 500 metros. En el segundo rubro son contemplados aquellos dispositivos que asemejan a una pistola, los cuales reciben el nombre de SkyFend Hunter y que son utilizados por grupos como La Mayiza para inmovilizar drones de vigilancia de autoridades o rivales.
Por último se encuentran los equipos portátiles, aquellos que son llevados en vehículos con la finalidad de interrumpir comunicaciones durante secuestros o traslados de mercancía.

Estos mismos pueden estar camuflados como objetos cotidianos, los cuales incluso pueden impedir el ingreso de llamadas, la realización de grabaciones de video y audio, así como la transmisión de señales de Wi-Fi o GPS.
Aunque su uso está prohibido por la Ley Federal de Telecomunicaciones en México, estos equipos también llegan a aparecer en el mercado negro o se importan, con precios que varían desde 50 hasta 200 mil dólares dependiendo de su potencia.
El uso de estos dispositivos ha crecido significativamente, siendo detectados en la mayoría de los eventos de robo de carga y en la guerra tecnológica entre cárteles.
Frente al uso desmedido de estas herramientas, surgieron productos para proteger objetos específicos como las llaves de los vehículos o los teléfonos celulares.
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