Secuestrado por su propio cártel, un reclutador del narco pidió ayuda a un colectivo de búsqueda

En México, la violencia y el reclutamiento forzado por parte de grupos criminales han dejado a decenas de miles de familias en la incertidumbre, con la duda de dónde están sus seres queridos desaparecidos.

Sin embargo, también existe el otro lado de la moneda: cuando la presa no sólo es la población civil, sino los propios integrantes de las organizaciones criminales, atrapados en dinámicas de violencia que ellos mismos ayudaron a sostener.

Un episodio inusual reveló esa cara menos visible de los grupos del narcotráfico. Un hombre que formaba parte de un grupo criminal recurrió a un colectivo de búsqueda para pedir ayuda, luego de haber sido secuestrado por su propio cártel.

El caso fue narrado por Indira Navarro, fundadora del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, durante una entrevista con la periodista Ahtziri Cárdenas en su canal de YouTube. De acuerdo con su testimonio, el contacto se dio de manera directa y bajo circunstancias atípicas: no se trataba de un familiar buscando a un desaparecido, sino de un presunto integrante del crimen organizado que temía por su vida.

De la amenaza al pedido de ayuda

El primer contacto entre la activista y el reclutador ocurrió tras la difusión de información sobre el reclutamiento forzado de jóvenes en el que ahora es conocido mundialmente como Rancho Izaguirre.

Navarro relató que, después de la publicación de una investigación de un medio nacional, recibió una videollamada. En esa conversación, un reclutador la amenazó para que retirara la información difundida y dejara de denunciar los hechos.

“Me amenaza diciendo que baje todo eso, que me deje de cosas, a lo cual yo le dije: ‘¿Por qué? Si esto realmente está sucediendo, ustedes están llevando gente y también hay gente en contra de su voluntad’”, recordó la fundadora del colectivo.

El reclutador sostuvo que solo trabajaba con personas que solicitaban empleo voluntariamente. Navarro replicó: “Yo te puedo comprobar que realmente hay gente que se han llevado en contra de su voluntad y que son menores de edad”. Durante la conversación, el hombre intentó intimidarla: ‘¿Tú no me tienes miedo?’”.

La discusión derivó en el envío de videos por parte del reclutador. En ellos, jóvenes solicitaban trabajo; sin embargo, según Navarro, muchos desconocían la naturaleza real de las actividades a las que serían destinados. “Ellos piensan en tener una vida mejor, lujos, lo que se ve en los corridos, en la televisión... Ellos no saben que van a ser carne de cañón, por eso les dicen los pollitos amarillos, al final de cuentas, si tú eres débil y no pasas esas pruebas que ellos tienen, te matan”, contó la activista.

El intercambio continuó hasta que Indira Navarro logró demostrarle al reclutador que había tres jóvenes privados de la libertad. El hombre accedió a liberarlos. “Los soltó, que yo tampoco lo podía creer, porque me dijo: ‘Soy hombre de palabra y te lo voy a decir’. A estos muchachos los soltaron, los recuperamos nosotros como colectivo”, detalló Navarro en la entrevista.

Un giro inesperado: el reclutador se vuelve víctima

Meses después de aquel incidente, el reclutador contactó a Indira Navarro para solicitarle ayuda. De acuerdo con el relato, fue secuestrado por el mismo cártel para el que trabajaba.

El mensaje, enviado durante la madrugada, decía: “Índira, soy fulanito de tal, el reclutador, y necesito que ahora tú me ayudes. Me secuestraron y me tienen en un lugar”, recuerda la activista. Además, le proporcionó la ubicación y le informó que había más personas privadas de la libertad junto a él, algunas con ficha de desaparecidas.

El lugar señalado era un centro de rehabilitación. Navarro destacó que este tipo de establecimientos se han convertido actualmente en espacios de riesgo para jóvenes captados por grupos delictivos.

Al recibir la información, notificó a la Fiscalía y solicitó la intervención de las autoridades, quienes le pidieron “unos días más” para actuar. La buscadora señaló que no se quedo de brazos cruzados y actuó y logró la intervención de la Guardia Nacional, pero cuando llegaron al punto ya era demasiado tarde.

“Volaron un dron, había gente, estaban limpiando sangre, pero no era elemento suficiente como para proceder legalmente”, relató.

Según su testimonio, la posibilidad de rescatar al reclutador y a las demás personas se frustró debido a una filtración de información dentro de la fiscalía. “Si había algo, alguien les dio el pitazo y lo sacaron o acabaron con ellos. Se filtró la información de fiscalía. Ellos mismos dieron la información y yo lo podía comprobar”, aseguró.

Riesgo y desplazamiento

Al hablar sobre el caso del Rancho Izaguirre, la fundadora de Guerreros Buscadores de Jalisco denunció la existencia de filtraciones dentro de la Fiscalía General de la República (FGR), que habrían permitido que información sobre cateos y operativos llegara a manos del crimen organizado.

Según Navarro, estas filtraciones han sido documentadas por víctimas y testigos. En su testimonio, lamentó la falta de confianza en las autoridades responsables de la procuración de justicia y la protección de quienes denuncian estos delitos.

A casi un año del hallazgo, persiste evidencia sin analizar, incluidos restos humanos y crematorios. Las labores periciales avanzan con lentitud y han estado marcadas por periodos de abandono, según la activista.

“Ahí todavía hay evidencias claves que vincularían todavía aún más a estos personajes que están detenidos, que son 20 y que también están apelando por querer salir en libertad, aunque están vinculados por delincuencia organizada, por privación de la libertad y otros delitos entre ellos”, mencionó Navarro.

Durante la entrevista, señaló que varios testigos clave —algunos de ellos víctimas directas de los hechos en el rancho Izaguirre— decidieron abandonar México tras no recibir protección ni atención adecuada por parte del Estado.

La activista también hizo referencia a la existencia de órdenes de aprehensión pendientes contra funcionarios públicos relacionados con los hechos investigados por su colectivo. Aseguró que existen pruebas suficientes para judicializar a servidores públicos que habrían colaborado o permitido el funcionamiento de redes de reclutamiento y desaparición.

Finalmente, Indira Navarro denunció la falta de apoyo institucional para los colectivos de búsqueda y las víctimas de desaparición. Sostuvo que las familias y activistas asumen tareas que corresponden al Estado, sin recibir recursos ni respaldo.