Durante la conferencia matutina del lunes 19 de enero, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, expuso el enfoque que seguirá la autoridad fiscal rumbo al ejercicio 2026. El mensaje fue que antes de pensar en cambios al esquema tributario, se buscará cerrar las fugas que afectan la recaudación.
La estrategia se centra en identificar conductas específicas que distorsionan el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Con ello, se pretende ordenar la fiscalización y concentrar esfuerzos en prácticas que representan riesgos para las finanzas públicas.
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El planteamiento también incluyó un componente de certidumbre. Se anunció que los procedimientos se aplicarán con criterios uniformes en todo el país, con el objetivo de evitar interpretaciones distintas entre oficinas del SAT.
Las prácticas que activarán las revisiones del SAT
Las auditorías se enfocarán principalmente en contribuyentes que celebren operaciones con factureras o nomineras, así como en quienes reporten pérdidas fiscales de forma recurrente. Estas señales serán consideradas prioritarias dentro de los procesos de fiscalización.
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También estarán bajo revisión quienes simulen o apliquen deducciones de manera ilegal, obtengan ingresos no declarados, abusen de estímulos fiscales o presenten inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden.
El listado se amplía a la importación de productos con precios por debajo del mercado, el incumplimiento de regulaciones o restricciones no arancelarias, la falta de pago de retenciones a empleados, las operaciones mediante paraísos fiscales, las devoluciones improcedentes y el pago de una tasa efectiva menor frente a su sector.
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Cómo se aplicarán las auditorías y qué garantías se ofrecieron
En caso de incumplimiento, se realizará únicamente una auditoría por contribuyente, sin distinguir entre pequeños, medianos o grandes. La medida busca dar tranquilidad respecto al proceder del Servicio de Administración Tributaria.
Las revisiones no requerirán el total de la información, ya que se solicitará solo una muestra de las partidas sujetas a análisis. Este mecanismo pretende hacer más eficiente la fiscalización y reducir cargas administrativas innecesarias.
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Además, se anunciaron tiempos promedio para las devoluciones: cinco días hábiles para personas y hasta 30 días hábiles para empresas. Con ello, Hacienda busca combinar control fiscal con procesos más claros y predecibles.
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