
La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama afirmó que ofreció al Refugio Franciscano la construcción de dos albergues para animales.
Dichos albergues tendrían una inversión superior a 15 millones de pesos cada uno.
Según la fundación, el refugio rechazó las propuestas, lo que derivó en una disputa legal y el desalojo de animales en Cuajimalpa por orden judicial.
Ambas organizaciones mantienen posiciones opuestas sobre el destino de los ejemplares y la transparencia del proceso, generando un intenso debate en torno al bienestar animal en la Ciudad de México, de acuerdo con los comunicados oficiales y el propio refugio.
Dónde iban a estar los refugios animales

La presidenta de la fundación, Carmela Rivero, detalló que el primer ofrecimiento contempló construir un albergue en Xalatlaco, Estado de México, en un terreno de 32 mil metros cuadrados.
“Nos hicieron invertir en ese predio, incluso colocamos la primera piedra ante diversos periodistas, y después su negativa nos conmocionó, ya que ellos no invertirían ni un solo peso en la construcción”, señaló la presidenta.
Según el Refugio Franciscano, el motivo para rechazar el albergue en Xalatlaco fue la lejanía.
La organización argumentó que la distancia era excesiva e incompatible con sus labores cotidianas.
Posteriormente, la fundación accedió a construir un nuevo recinto en Texcoco, también en el Estado de México, en un terreno de 1.500 metros cuadrados, después de que el refugio solicitara una sede más cercana.
Sin embargo, la fundación consideró el espacio reducido en comparación con el proyecto original.
Rivero precisó que aceptaron la ubicación propuesta, pero que los representantes del refugio no acudieron a las audiencias periciales para formalizar el acuerdo.
Por qué se desalojó el Refugio Franciscano
La disputa culminó en tribunales, y el 8 de diciembre de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México falló a favor de la fundación, ordenando la restitución del predio de Cuajimalpa.

La sentencia obligó al refugio a entregar las instalaciones. De acuerdo con la fundación, esto evidenció contradicciones en el discurso del refugio, que rechazó recursos millonarios mientras continuaba la batalla jurídica, como señaló la organización en su comunicado.
Por su parte, el refugio sostuvo que la fundación incumplió resoluciones federales que ordenaban restituir tanto el predio como a los animales a su situación original.
El operativo de desalojo se llevó a cabo a inicios de enero de 2026.
Las autoridades trasladaron a más de 900 animales, pero las cifras difieren según la fuente: la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana contabilizó 391 ejemplares, mientras que el refugio reportó originalmente hasta 1.095 perros y 38 gatos.
El Gobierno de la Ciudad de México detalló que al menos 183 animales permanecen bajo custodia oficial en Gustavo A. Madero, donde un equipo de más de 60 veterinarios y 100 colaboradores supervisa su estado de salud.
Qué irregularidades se encontraron en el Refugio Franciscano

En las inspecciones realizadas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dirigida por Bertha Alcalde Luján, documentó condiciones insalubres como:
- un crematorio no autorizado
- hacinamiento
- plagas de ratas
- deficiente atención médica.
Los pisos estaban cubiertos de heces y orina; las jaulas, deterioradas y sin ventilación adecuada.
Las autoridades reportaron animales con desnutrición, enfermedades graves, problemas ortopédicos, así como el uso de alimentos inadecuados y medicamentos caducados, según los informes oficiales.
Qué dice el Refugio Franciscano
El refugio, sin embargo, argumentó que la intervención estatal respondió más a la disputa por la propiedad del terreno que a razones de protección animal.
Su abogada, Jessica Ávalos, afirmó que aún se desconoce el destino de varios ejemplares tras el operativo.

La organización convocó manifestaciones para exigir mayor supervisión y transparencia en el manejo de los animales, señalando que existen discrepancias entre la cifra oficial de fallecimientos (21 animales reportados por autoridades) y sus propios datos, que elevan la cifra a 27.
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