El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, frenó la promulgación de la reforma electoral conocida como “Ley Esposa”, después de una ola de críticas y cuestionamientos sobre su constitucionalidad y la percepción de que buscaba beneficiar intereses familiares.
¿Qué planteaba “La Ley Esposa”?
El veto detuvo la entrada en vigor de la reforma propuesta por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) y aprobada por el Congreso del Estado con 19 votos a favor y 8 en contra. El decreto no fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, por lo que no entró en vigor.
La “Ley Esposa” planteaba que, en las elecciones de 2027, todos los partidos y coaliciones debían postular a una mujer para la gubernatura, bajo el argumento de garantizar la paridad de género en el máximo cargo estatal.
Sin embargo, opositores y distintos actores políticos señalaron que la iniciativa parecía diseñada para favorecer a Ruth González Silva, senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y esposa del gobernador, quien es vista como una potencial candidata para sucederlo.
El gobernador Ricardo Gallardo justificó el veto señalando “serias dudas de constitucionalidad” en la reforma y el riesgo de vulnerar derechos políticos de otros aspirantes, lo que podría derivar en impugnaciones legales futuras.
Gallardo pidió al Consejo Estatal y de Participación Ciudadana (Ceepac) que replantee la iniciativa y convoque a una discusión con especialistas, académicos y todas las fuerzas políticas para fortalecer la igualdad de género sin generar controversias legales.
“Ya hasta nombre le ponían a la ley, pero la verdad es que hay que tener mucho cuidado de la desinformación, la vamos a vetar, la vamos a echar para atrás para que sea revisada... El Partido Verde no necesita ninguna ley, va a ganar en 2027, porque tenemos muchos candidatos y candidatas”, declaró el gobernador a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales.
Reacciones
La medida generó impugnaciones formales: un ciudadano potosino y la dirigencia nacional de Morena presentaron recursos legales al considerar que la reforma era inconstitucional y que restringía los derechos políticos de otros aspirantes al cargo.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum también expresó su rechazo, al argumentar que los partidos políticos ya están obligados a garantizar la paridad en sus candidaturas por acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE).
Sheinbaum sostuvo: “No hacen falta esas leyes. Más allá de la constitucionalidad o no, creo que con el acuerdo que tomó el INE, que tiene que venir en una Reforma Electoral de que los partidos tengan que proponer a la mitad de sus candidatos mujeres y la otra mitad hombres, se cumple, además de otras acciones afirmativas”.
En ese sentido, Sheinbaum también anunció la aprobación de una ley federal antinepotismo, que prohibirá que familiares directos hasta el cuarto grado ocupen el mismo cargo de elección popular a partir de 2030.
Morena, además, estableció dentro de sus estatutos que no postulará a familiares de gobernantes desde 2027. “No creo que se deba dejar a un familiar ocupar el mismo puesto de elección”, subrayó en declaraciones públicas.
Por su parte, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, reiteró que la Constitución ya contempla mecanismos claros para la participación femenina en puestos de elección popular, por lo que no consideró necesario reformar leyes locales para imponer la alternancia de género en la gubernatura.
La reforma también tensó la relación entre Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliados en el gobierno federal. El Partido Verde gobierna San Luis Potosí desde 2021, tras un acuerdo político en el que Morena postuló una candidatura de sacrificio para dejar el camino libre a Gallardo, quien entonces expresó lealtad a la Cuarta Transformación. Ahora, la eventual postulación de Ruth González Silva como candidata del PVEM a la gubernatura de 2027 podría romper la alianza local.
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