La corrupción sigue siendo una experiencia cotidiana para miles de mexiquenses, a pesar del cambio de gobierno distinto al PRI.
El reciente estudio presentado por el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de México, elaborado a partir de una consulta pública aplicada en 87 municipios de la entidad, cuyos resultados son alarmantes.
El análisis identifica con claridad los espacios de interacción cotidiana entre ciudadanía y autoridades donde se concentran las mayores percepciones de riesgo de corrupción, así como las causas estructurales que la reproducen y normalizan.
Lejos de tratarse de hechos aislados, el documento muestra que el soborno se mantiene como una práctica persistente, asociada a la discrecionalidad, la opacidad y la debilidad institucional.
Multas de tránsito y trámites vehiculares, en la cima del riesgo
De acuerdo con el estudio, el trámite con mayor percepción de riesgo de corrupción corresponde a las multas de tránsito, señalado por el 55.6 por ciento de las personas participantes. Este dato confirma una problemática histórica: el contacto directo entre automovilistas y agentes de tránsito continúa siendo uno de los principales puntos de extorsión y soborno.
En un segundo nivel de riesgo se ubican los siguientes trámites:
- Trámites vehiculares como placas, tenencia y verificación: 45.9 por ciento
- Permisos de negocio o comercio: 45.2 por ciento
- Licencias de construcción: 42.8 por ciento
En particular, el caso de las licencias de construcción evidencia preocupaciones relacionadas con la opacidad en autorizaciones, inspecciones y cumplimiento normativo, sobre todo a nivel municipal, donde la discrecionalidad y la falta de controles claros elevan la percepción de corrupción.
Programas sociales y justicia, bajo sospecha ciudadana
El estudio también ubica un nivel intermedio de percepción de riesgo en rubros sensibles por su impacto directo en el bienestar social:
- Programas sociales: 39 por ciento
- Trámites en el Ministerio Público: 35.3 por ciento
- Agua, predial y otros servicios municipales: 34.1 por ciento
Estos ámbitos comparten una característica común: afectan de manera directa a personas en contextos de vulnerabilidad, lo que incrementa la percepción de uso discrecional del poder público. La asignación de apoyos sociales, la procuración de justicia y la gestión de servicios básicos aparecen, así, como espacios donde la corrupción agrava las desigualdades existentes.
Otros rubros mencionados fueron:
- Acceso a la justicia o tribunales: 27.1 por ciento
- Inspecciones sanitarias y controles administrativos: 26.4 por ciento
- Servicios de salud pública: 26.2 por ciento
Más de una de cada tres personas ha pagado “mordida”
Uno de los hallazgos más contundentes del estudio surge de la pregunta: “¿Has pagado ‘mordida’ para agilizar un trámite en los últimos dos años?”. El 34.3 por ciento de las personas encuestadas reconoció haberlo hecho al menos una vez, lo que representa más de una de cada tres.
El desglose revela la reiteración de esta práctica:
- 12.8 por ciento pagó soborno una sola vez
- 9.5 por ciento lo hizo entre dos y cinco veces
- 5.6 por ciento pagó más de cinco veces
En contraste, el 65.7 por ciento afirmó no haber pagado nunca, mientras que un 6.4 por ciento prefirió no responder, lo que sugiere la persistencia de temor, estigmas y desconfianza, incluso en un ejercicio anónimo, destaca el estudio.
Para el CPC, este dato es concluyente: la corrupción no es excepcional, sino una experiencia directa y reciente para una parte significativa de la población mexiquense.
Extorsión y trámites complejos, las principales causas
El análisis de las razones por las que se pagó la mordida muestra que el soborno no suele ser una decisión voluntaria, sino una respuesta a dinámicas estructurales de presión.
Las principales causas identificadas fueron:
- Extorsión directa: 36.6 por ciento señaló que la mordida fue solicitada explícitamente
- Trámites demasiado tardados o complejos: 14.5 por ciento
- Miedo a represalias: 7.5 por ciento
Estos datos evidencian un entorno de asimetría de poder entre autoridades y ciudadanía, donde la corrupción se convierte en una salida forzada para resolver necesidades inmediatas.
No obstante, el estudio también revela un proceso de normalización social:
- 9.7 % ofreció el soborno para agilizar el trámite
- 9.7 % lo hizo porque “todos lo hacen, es la única forma”
- 9.1 % señaló que el soborno fue presentado como parte del “procedimiento”
Este último punto resulta especialmente preocupante, al sugerir prácticas institucionalizadas que diluyen la frontera entre lo legal y lo ilegal.
El costo económico de la corrupción cotidiana
Aunque en muchos casos las cantidades reportadas son relativamente bajas, el impacto agregado es significativo. Entre las 211 personas que respondieron sobre montos:
- 24.6 por ciento pagó entre 500 y $1,000 pesos
- 19.9 por ciento menos de 500 pesos
- 9 por ciento entre 1,001 y 3,000 pesos
- 4.3 por ciento entre 3,001 y 5,000 pesos
- 4.7 por ciento más de 5,000 pesos
Destaca que el 37.4 por ciento prefirió no responder, lo que refuerza la sensibilidad del tema y la falta de confianza para hablar abiertamente de estas prácticas.
En contraste, los trámites con menor percepción de riesgo fueron:
- Registro civil: 11.2 %
- Trámites escolares o educativos: 23.1 %
Estos resultados sugieren que la estandarización de procesos, la digitalización y la menor discrecionalidad pueden reducir significativamente la percepción de corrupción.
Urgencia de intervenir en los puntos críticos
El estudio concluye que la conducta de las personas servidoras públicas es un factor determinante tanto para prevenir como para reproducir la corrupción. Ante el hecho de que más de una de cada tres personas ha enfrentado un soborno reciente, el CPC subraya la urgencia de intervenir en los puntos críticos de contacto entre gobierno y ciudadanía, con reformas administrativas, simplificación de trámites y mecanismos efectivos de denuncia.
La corrupción cotidiana, advierte el organismo, no solo erosiona la confianza institucional, sino que impacta directamente en la calidad de vida de la población del Estado de México.
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