FGR va por nuevo proceso contra Javier Duarte, ahora por desvíos en el sector salud

La Fiscalía General de la República (FGR) busca abrir un nuevo proceso penal contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por el presunto desvío de recursos federales destinados al sector salud.

La audiencia inicial está convocada para este martes 30 de diciembre en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, en Ciudad de México, luego de que el gobierno de Guatemala autorizó a México a formular cargos adicionales por corrupción.

Con esta nueva ventana se seguiría complicando su posible liberación en 2026, luego de buscar su liberación anticipada el pasado mes de noviembre.

Nueva acusación en el banquillo

De acuerdo con información publicada por el periodista Arturo Ángel en Milenio, la FGR pretende presentar una imputación formal y solicitar la apertura de juicio penal contra Javier Duarte por su presunta responsabilidad en el manejo indebido de fondos federales dirigidos a programas de salud durante su administración.

La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), encabezada por María de la Luz Mijangos, seleccionó uno de los casos contenidos en más de 100 carpetas de investigación abiertas por denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y otras instancias federales.

El expediente que se presentará ante el juez involucra malos manejos por más de cinco millones de pesos de un fondo específico para salud. Según autoridades federales consultadas por el medio antes citado, la comparecencia se había programado originalmente para el 27 de noviembre, pero la defensa del exmandatario solicitó diferimiento por un supuesto problema de salud, lo que pospuso la audiencia para el 30 de diciembre a las 11:00 horas.

Un proceso que complica su liberación

El objetivo de la FGR es sentar nuevamente a Javier Duarte ante el juez antes de que concluya este 2025. Si la imputación prospera, la Fiscalía podrá solicitar medidas cautelares como la prisión preventiva justificada, lo que impediría que el exgobernador recupere la libertad al concluir su condena el próximo mes de abril.

La situación jurídica de Duarte cambió en noviembre, cuando la jueza federal Ángela Zamorano Herrera le negó la libertad anticipada solicitada por su defensa, que argumentó buena conducta en el penal del Altiplano.

La jueza resolvió que Duarte no cumplió dos de los siete requisitos legales, entre ellos la ausencia de otros procesos judiciales activos, como el de desaparición forzada en Veracruz.

Durante la audiencia, la FGR presentó testimonios sobre las estrategias empleadas por Duarte para entorpecer la acción de la justicia, incluyendo dilaciones procesales y simulaciones de enfermedades para retrasar comparecencias.

Cinco integrantes de la Fiscalía de Veracruz declararon que el exmandatario obstaculizó el esclarecimiento de casos relevantes, como la desaparición de un taxista en 2013, además de enfrentar acusaciones de peculado, incumplimiento del deber público y desaparición forzada.

La defensa de Duarte justificó los privilegios penitenciarios de los que goza, como el acceso a un teléfono celular, espacios diferenciados y facilidades para visitas y comunicación con su equipo legal, argumentando que forman parte de su derecho a preparar una adecuada estrategia jurídica.

Javier Duarte fue arrestado el 15 de abril de 2017 en Panajachel, Guatemala, gracias a una orden de captura internacional. Tras ser extraditado a México en julio de ese año, fue juzgado y sentenciado a nueve años de prisión en 2018 por lavado de dinero y asociación delictuosa, luego de declararse culpable y acogerse a un procedimiento abreviado. La sentencia no incluyó los delitos de peculado ni desaparición forzada.

Guatemala autoriza nuevos cargos

El nuevo proceso penal se fundamenta en la reciente autorización del gobierno de Guatemala, que aplicó la “regla de especialidad” y habilitó a la FGR para formular cargos distintos a los que motivaron la extradición de Duarte en 2017.

La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) había solicitado desde meses atrás ese permiso, necesario para judicializar las nuevas carpetas de investigación.

La administración de Duarte está señalada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y otras instancias por un desfalco de más de 62 mil millones de pesos en fondos federales, cifra sin precedente en expedientes de corrupción en México.

Las investigaciones apuntan al uso de al menos 400 empresas fantasma que recibieron contratos del gobierno veracruzano para desviar recursos públicos, mecanismo que habría permitido redireccionar fondos etiquetados, simular transacciones y extraer efectivo bajo el argumento de atender urgencias presupuestales.

Un testimonio clave en la investigación es el de Antonio Tarek Abdalá Saad, extesorero estatal, quien, bajo un criterio de oportunidad ante la FGR, declaró que los recursos desviados se canalizaban a través de empresas fantasma y se usaban para gastos personales y entregas directas al entonces gobernador.