El Tribunal de Disciplina Judicial resolvió la inhabilitación por un año para ejercer cargos públicos de un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Guerrero.
Esto ocurrió tras acreditarse acoso sexual, hostigamiento laboral y el uso indebido de personal del Ejército, la Guardia Nacional y recursos institucionales para un asunto particular: la recuperación de un vehículo y el cobro de una deuda privada.
El 21 de septiembre de 2022, el juez solicitó la compañía de una oficial judicial, sin informarle el destino, además de requerir la unidad blindada, una Suburban blanca del Centro de Justicia y la asistencia de dos elementos armados de seguridad institucional.
Uso indebido de funciones
Con este grupo, se trasladó a un domicilio particular para intentar recoger un vehículo que, según indicó, había intercambiado previamente con un miembro de la Marina por otro automóvil y una suma de dinero, alegando que no se le había pagado y que tenía derecho a recuperarlo.
Durante la intervención, el juez encaró a dos mujeres identificadas como familiares del integrante de la Marina, exigiendo la entrega del vehículo y solicitando una grúa para cumplir con el retiro.
Esta acción provocó rechazo entre los residentes del condominio, quienes se opusieron a la presencia de personal armado sin orden judicial y demandaron el retiro del grupo.
En medio del conflicto, una de las mujeres aseguró haber contactado a su hijo para realizar la transferencia requerida, mientras otra parte involucrada indicó que su abogada y representantes del Ministerio Público ya iban en camino, poniendo en duda la legalidad del procedimiento del juez.
Otros delitos cometidos presuntamente por el juez
Ante el creciente malestar, el juzgador ordenó comunicaciones adicionales y uno de sus acompañantes contactó a un general, lo que derivó en la rápida llegada de tres camionetas de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado, con cinco agentes cada una, aumentando la tensión en el lugar.
La disputa concluyó cuando el padre del marino se comunicó telefónicamente con el juez, asegurando que la transferencia bancaria ya se había realizado. Tras verificar el pago desde su teléfono, el juez ordenó el retiro de todos los presentes, incluido el personal y los vehículos institucionales.
Paralelamente al conflicto sobre la deuda, se acreditaron otras conductas graves: el uso inadecuado de apoyo logístico y personal judicial para fines personales, actos de acoso sexual contra una subordinada y hostigamiento laboral a dos colaboradores, un hombre y una mujer.
El presidente de la Comisión de Disciplina, Rufino León Tovar, reiteró que toda desviación de las responsabilidades del cargo será sancionada, y reafirmó el compromiso institucional de mantener la integridad y rechazar cualquier abuso en la administración de justicia.
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