Un amplio despliegue de la Fiscalía General de la República (FGR) permitió el aseguramiento de dos nuevas propiedades de una familia en Iguala, Guerrero, como parte de la investigación por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Según informó Sur Acapulco, el operativo contó con la participación de agentes de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), quienes intervinieron inmuebles vinculados a la funeraria El Ángel.
Las acciones federales se concentran en una casa de tres plantas en la colonia Villa de Guadalupe, donde agentes federales mantuvieron retenidos durante aproximadamente cinco horas a dos adultos mayores, ambos familiares de los propietarios Rodolfo “N” y Rodolfo “R”, detenidos previamente.
Sobre el nuevo aseguramiento de la FGR
La familia denunció al medio local que los adultos fueron incomunicados y que no existía orden de aprehensión en su contra.
“Ellos están detenidos ahorita sin ninguna orden a su nombre, están detenidos arbitrariamente como lo han hecho siempre desde que empezaron los cateos en las propiedades de mi familia”, declaró una sobrina de los afectados ante reporteros, en declaraciones recogidas por Sur Acapulco.
De acuerdo con la cobertura del medio, los agentes aseguraron aparatos electrónicos, computadoras, memorias y dos bolsas con presunta droga que presentaron a los presentes durante la diligencia judicial.
El adulto mayor, identificado como patriarca de la familia, sostuvo que la droga pudo ser introducida por los propios uniformados, manifestando que “se llevaron cosas que no tienen nada que ver con los estudiantes, porque dicen que pueden encontrar algún indicio, se llevaron todos los aparatos electrónicos que encontraron, memorias y laptops”.
Añadió que “según se llevaron dos bolsitas que dicen que contienen droga... no nos consta a nosotros porque entran por montón y no puede uno estarles viendo las manos a todos”.
El aseguramiento comprendió también los velatorios El Ángel ubicados en la calle Juan Ruiz de Alarcón, a una cuadra del Palacio Municipal, así como la casa de Ignacio Zaragoza, donde continuaban prestando servicios funerarios pese al aseguramiento anterior de sus oficinas.
El entorno de estos sitios fue acordonado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN).
Se restringió el paso de vehículos y peatones, mientras que el operativo se llevó a cabo bajo estricta discreción judicial, según puntualizó Sur Acapulco.
Los familiares de los adultos mayores afectados reiteraron la crítica a los métodos empleados por la autoridad federal.
“No es justo que estén haciendo esto porque ya son varios negocios y varios días en los que no hemos tenido nada de justicia”, afirmó una integrante de la familia ante el mismo medio.
La propiedad de la colonia Villa de Guadalupe, donde ocurrieron los hechos, fue utilizada en el pasado como depósito de cuerpos cuando la familia tenía la concesión del Servicio Médico Forense (Semefo).
Según fuentes consultadas por Sur Acapulco, en esa casa se encontraban hornos crematorios y anteriormente hubieron protestas vecinales provocadas por el manejo de cadáveres.
Fuentes del operativo relataron que las diligencias culminaron cerca de las 16:30 horas, momento en el que los dos adultos mayores abandonaron la vivienda tras la colocación de sellos oficiales de aseguramiento.
Elementos de la GN y el Ejército retiraron sus cercos y partieron del lugar en vehículos sin insignias y con placas cubiertas.
El sello colocado por la FGR y la UEILCA en la entrada de la vivienda confirma el aseguramiento bajo la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/0I-GRO/0000022/2020 por el delito de desaparición forzada de personas.
En el sitio, una mujer adulta expresó ante medios: “Fue una injusticia, ya no podremos regresar a la casa, aunque no nos trataron mal los agentes federales”.
Según reportó Sur Acapulco, el lunes 9 de diciembre las pesquisas también se realizaron en los hornos crematorios de estas funerarias y en instalaciones del Semefo concesionado a la familia, ambas a la orilla de la carretera federal México-Acapulco.
El Gabinete de Seguridad, que integra a la FGR, la SSPC y la GN, confirmó el aseguramiento de estos sitios. Con los operativos recientes, suman al menos seis propiedades intervenidas y dos detenciones dentro de la indagatoria por el caso Ayotzinapa y el presunto uso ilegal de instalaciones funerarias.
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