La Cámara de Diputados aprobó, con 460 votos a favor, la expedición de la Ley General de Economía Circular y diversas reformas a la legislación ambiental vigente.
El dictamen fue enviado al Senado para su revisión.
La propuesta establece lineamientos nacionales orientados a reducir la generación de residuos, aumentar el aprovechamiento de materiales y extender la vida útil de los productos.
De acuerdo con la exposición de motivos, el país genera más de 127 mil toneladas de residuos sólidos urbanos al día, de los cuales sólo una parte se reincorpora a procesos productivos.
La nueva normativa busca atender esta problemática mediante políticas públicas coordinadas entre los tres niveles de gobierno, el sector productivo y la ciudadanía.
Lineamientos generales del nuevo marco normativo
La ley establece que la Federación, los estados y los municipios deberán diseñar e implementar políticas para impulsar la economía circular.
Entre ellas se contempla la creación de instrumentos económicos que incentiven el reciclaje, la reutilización y la reparación de productos, así como campañas de comunicación enfocadas en el consumo responsable.
El sector productivo deberá adoptar criterios de diseño circular cuando sea viable en términos técnicos y económicos.
Esto implica promover bienes más duraderos, con componentes recuperables y posibilidades de reparación.
También se prevé mayor disponibilidad de refacciones y servicios técnicos, con el fin de reducir la sustitución prematura de artículos.
En materia de infraestructura, los rellenos sanitarios autorizados dispondrán de un plazo de cinco años —con posibilidad de extensión— para iniciar procesos de reconversión que disminuyan la disposición final de residuos y faciliten su integración en cadenas de aprovechamiento.
La ley también impulsa el desarrollo de centros de acopio y la innovación tecnológica para mejorar los procesos de reciclaje.
Implicaciones para el consumo cotidiano
La propuesta incorpora mecanismos para que los usuarios cuenten con más información al momento de adquirir un producto.
Entre ellos se contempla la obligatoriedad de etiquetas que indiquen la vida útil estimada, el nivel de reparabilidad y la huella ambiental.
Estos datos permitirán comparar opciones y favorecer productos con mayor durabilidad.
Asimismo, se plantea la ampliación de garantías legales y un mayor acceso a repuestos, lo que podría fortalecer las prácticas de reparación y reutilización.
Con ello se busca reducir el volumen de desechos derivados de artículos de corta vida útil y fomentar decisiones de compra basadas en la eficiencia y el impacto ambiental.
Principales efectos para los consumidores
- Etiquetas con información sobre durabilidad, reparabilidad e impacto ambiental.
- Mayor disponibilidad de refacciones y servicios de reparación.
- Productos diseñados con criterios que facilitan su reutilización o reciclaje.
- Garantías ampliadas que favorecen la reparación sobre la sustitución.
- Participación en esquemas de devolución, reciclaje y separación de materiales.
- Posible reducción de costos a largo plazo derivada del uso prolongado de productos.
Aspectos sociales y periodo de transición
La ley incorpora el concepto de reciclaje inclusivo, que reconoce la labor de las personas recicladoras de base o pepenadoras y busca integrarlas a los modelos formales de aprovechamiento de materiales.
Este enfoque pretende fortalecer su aportación ambiental y mejorar las condiciones en las que realizan su actividad.
Aunque la normativa prevé beneficios a mediano y largo plazo, se anticipa un proceso de adaptación para industrias y consumidores.
Las empresas deberán realizar ajustes en procesos y tecnologías, mientras que los hogares adoptarán nuevos hábitos relacionados con la separación, devolución y aprovechamiento de residuos.
La Ley de Economía Circular plantea así un marco integral para modificar los patrones de producción y consumo en el país, con el objetivo de reducir la presión ambiental y aumentar la eficiencia en el uso de recursos.
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