
A casi una década de haber dejado el gobierno de Veracruz y a solo meses de buscar su salida anticipada del Reclusorio Norte, Javier Duarte de Ochoa, enfrenta un nuevo giro judicial que podría frenar definitivamente su liberación en 2026. El gobierno de Guatemala autorizó a la Fiscalía General de la República (FGR) a formular nuevas imputaciones en su contra por presuntos desvíos millonarios de recursos federales; particularmente, aquellos destinados al sector salud durante su administración (2010–2016).
La decisión marca un punto de inflexión en uno de los expedientes de corrupción más grandes documentados en México y abre la puerta para que Duarte enfrente los primeros cargos federales por peculado, una figura distinta a los delitos que motivaron su extradición hace ocho años.
Un permiso clave desde Guatemala
De acuerdo con autoridades federales, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), encabezada por María de la Luz Mijangos, había solicitado desde meses atrás la autorización del gobierno guatemalteco para imputar delitos adicionales a Duarte. La petición derivaba del principio internacional de “regla de especialidad”: un país no puede procesar a un extraditado por cargos distintos a los autorizados en la extradición original.
En 2017, Guatemala entregó a Duarte únicamente por lavado de dinero y asociación delictuosa, cargos por los que el exgobernador se declaró culpable. Por ello, para judicializar las nuevas carpetas de investigación por desvío de recursos, la FEMCC requería el aval formal de ese país.
La autorización ya fue concedida, según confirmaron autoridades ministeriales. Con ello, la FGR presentó ante un juez federal del Reclusorio Norte la primera acusación por peculado, relacionada con presuntas irregularidades en el manejo de partidas federales etiquetadas para acciones de salud.
La audiencia que no fue y el proceso que viene para “Javidú”
La audiencia inicial para imputar esta primera carpeta estaba programada para el 27 de noviembre, pero fue suspendida luego de que la defensa de Duarte notificó que el exgobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaba un padecimiento de salud. Por ello, una nueva fecha deberá ser fijada en los próximos días.
Estos cargos podrían ser solo el comienzo. Tanto la FGR como fuentes ministeriales informaron que existen cerca de cien carpetas de investigación abiertas por los malos manejos de recursos federales en Veracruz durante su sexenio y con denuncias interpuestas por:
- Auditoría Superior de la Federación (ASF)
- Antigua Secretaría de la Función Pública (SFP)
- Órgano Superior de Fiscalización de Veracruz
- Diversos particulares y dependencias gubernamentales

De prosperar esta primera imputación, la FGR estaría en condiciones de solicitar prisión preventiva justificada, lo que podría impedir que Duarte abandone la prisión en abril de 2026, fecha prevista para concluir la sentencia impuesta por lavado y asociación delictuosa.
El desfalco más grande en México, documentado por la ASF
La administración de Duarte ostenta un récord negativo: más de 62 mil millones de pesos de fondos federales mal manejados, de acuerdo con las observaciones acumuladas por la Auditoría Superior de la Federación. Ninguna otra entidad federativa ni caso de corrupción a nivel nacional —incluidos Segalmex, “Estafa Maestra”, Odebrecht, Conade y Conacyt— alcanza esa cifra.
Según las investigaciones, desde el primer año de su gobierno se instauró un esquema institucional de desvío de recursos, operado bajo decretos que permitían reorientar fondos federales a otras áreas con el argumento de atender “urgencias presupuestales”.
Estos mecanismos habrían sido aprovechados para:
- Redirigir recursos etiquetados hacia programas no permitidos
- Simular transacciones mediante “empresas fantasma”
- Realizar pagos por bienes y servicios no autorizados
- Extraer cantidades de dinero en efectivo para entregarlas directamente al exgobernador, según testimonios ministeriales

El testimonio de Tarek Abdalá: la pieza central del caso Duarte
Una parte sustancial del nuevo expediente proviene de las declaraciones del extesorero estatal, Tarek Abdalá Saad, quien obtuvo un criterio de oportunidad ante la FGR. De acuerdo con su testimonio, los desvíos no solo eran una práctica recurrente entre los secretarios de finanzas, sino que presuntamente beneficiaban al propio Duarte.
Abdalá declaró que:
- El dinero se movía a través de “empresas fantasma” donde se simulaban servicios.
- Los recursos desviados habrían sido utilizados para gastos personales como ropa, comida y bienes diversos.
- En ocasiones recibió instrucciones directas del exgobernador para realizar entregas en efectivo.
Sus dichos ya derivaron en procesos penales contra al menos cinco exfuncionarios de Finanzas, pero, hasta ahora, no se habían dirigido formalmente contra Duarte.

La extradición, la detención y el intento fallido de libertad anticipada
El nuevo avance judicial se produce en un momento clave para Duarte. En noviembre pasado, la jueza Ángela Zamorano Herrera negó la solicitud del exmandatario para obtener libertad anticipada. Esto al considerar que aún enfrenta una acusación pendiente por desaparición forzada y que no cumplió con los requisitos internos del plan de actividades del penal.
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