Ante las recientes protestas de productores agrícolas en Chihuahua, con bloqueos en los puentes fronterizos, la Secretaría de Gobernación (Segob) consideró que estas acciones carecen de justificación debido a que las demandas de este sector ya fueron consideradas en la nueva Ley de Aguas Nacionales.
Autoridades federales ratificaron su disposición a mantener un diálogo abierto y permanente con los manifestantes, enfatizando que las observaciones, comentarios y sugerencias formuladas por los productores fueron incorporadas al dictamen aprobado en la Cámara de Diputados.
Tanto la Secretaría de Gobernación como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) afirmaron que la legislación no contempla de ninguna manera el retiro de concesiones, sino que busca evitar el acaparamiento y asegurar que el recurso hídrico se reparta con equidad entre todos los usuarios.
La postura oficial apunta a que la iniciativa responde a la necesidad de un marco regulatorio más justo y no pone en riesgo derechos previamente otorgados a los agricultores.
En consonancia con lo anterior, el gobierno federal ha preparado la instalación de mesas permanentes de trabajo.
Estas mesas tendrán como objetivo responder a las inquietudes que surjan durante la etapa de análisis en el Senado de la República, tras la aprobación inicial en la Cámara Baja.
La dependencia también ha expresado preocupación por el impacto de los bloqueos en la vida cotidiana, señalando que factores como la interrupción del tránsito de bienes, personas y servicios esenciales afectan directamente a la población.
Al respecto, la Secretaría de Gobernación ha solicitado a los involucrados que eviten acciones que dañen a la ciudadanía y permitan el libre paso de suministros médicos, insumos y productos necesarios para la economía familiar y la prestación de servicios básicos.
“No existe razón para los bloqueos en los puentes de la Frontera Norte por parte de productores agrícolas de Chihuahua, toda vez que fueron tomados en cuenta sus planteamientos respecto de la Ley de Aguas Nacionales”, ha puntualizado la Secretaría de Gobernación.
Además, la dependencia insiste en que “la intención de enviar la iniciativa de ley es evitar el acaparamiento y garantizar una distribución equitativa del agua”.
Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia y al diálogo, sosteniendo que todas las partes interesadas cuentan con canales abiertos para exponer preocupaciones adicionales conforme avance la discusión legislativa.
Congreso aprueba la Ley General de Aguas
La Cámara de Diputados aprobó el 4 de diciembre la Ley General de Aguas, una reforma que transforma la gestión del agua en México y establece al Estado como único responsable del recurso.
La nueva legislación elimina la posibilidad de que particulares compren, transfieran o negocien concesiones, consolidando el agua como derecho humano prioritario y no como un bien de mercado.
Entre los cambios inmediatos, se introduce la figura de Responsabilidad Hídrica, que otorgará beneficios a quienes cuiden, traten o reutilicen el agua.
El texto también reconoce formalmente los sistemas comunitarios y rurales de abastecimiento, y otorga prioridad al consumo doméstico sobre cualquier otro uso.
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