En una de las sesiones más extensas de la actual legislatura, la Cámara de Diputados aprobó en lo general este 4 de diciembre, la nueva Ley General de Aguas tras más de 24 horas de discusión y la participación de 178 oradores.
En medio de señalamientos de la oposición, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), salió en defensa del proceso legislativo y subrayó que la sesión fue uno de los ejercicios más amplios que ha tenido el Congreso en temas hídricos.
Monreal destacó que fue un debate “intenso, amplio y por momentos complicado”, marcando pausas para enfatizar la magnitud del diálogo parlamentario.
En tribuna afirmó: “Ciento setenta y ocho oradores… ha sido un debate amplio. Por momentos difícil. Es complicado aceptar como estrategia partidista que no se escuchó a quienes están en desacuerdo con esta ley”.
El legislador aseguró que la participación de casi dos centenares de voces refleja un esfuerzo deliberativo que —dijo— desmiente las versiones de que el proceso se realizó de manera acelerada o excluyente.
Tras su paso por Diputados, la ley fue emitida directamente al Senado.
Los objetivos centrales de la nueva legislación
La elaboración y discusión del dictamen estuvo a cargo de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, que incorporó cambios derivados de semanas de diálogo con comunidades, especialistas y organizaciones civiles.
El eje rector de la reforma es garantizar el derecho humano al agua para uso personal y doméstico, además de impulsar políticas para una gestión más equitativa del recurso.
La ley también introduce criterios de género, discapacidad e interculturalidad, así como un modelo de regulación más estricto en manos del Estado.
Entre los principales ajustes se incluyen:
- Que el Estado asuma la regulación exclusiva del uso del agua.
- Eliminar la transferencia de derechos entre particulares.
- Recuperar para Conagua las concesiones no utilizadas.
- Transformar el Registro Público de Derechos de Agua en un Registro Nacional del Agua.
- Modificar cuotas para evitar el acaparamiento.
- Crear reglas específicas para concesiones de uso agrario.
- Reforzar la detección de usos irregulares y el régimen de sanciones.
- Establecer un catálogo de delitos hídricos.
Visión del gobierno y de Conagua
El gobierno federal respaldó la iniciativa al considerar que ordena un sistema de concesiones profundamente desigual.
Efraín Morales López, director general de Conagua, afirmó que el paquete de reformas constituye “un acto de justicia para el pueblo de México”, pues busca evitar la sobreexplotación y reforzar la transparencia en el manejo del agua.
Críticas desde la oposición
Durante la sesión maratónica, la oposición cuestionó tanto el procedimiento como el fondo de la reforma.
El diputado Federico Döring, del PAN, acusó que la ley afectará a agricultores y ganaderos al restringir la transferencia de derechos y dejar el control en manos de Conagua.
El panista cuestionó directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum al señalar que la reforma no garantiza estabilidad en el sector.
Advirtió que los productores “no van a poder traspasar ese derecho al agua que les había sido otorgado” y acusó que el gobierno “solo pasa por encima del pueblo”.
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