El gobierno federal anunció recientemente medidas para implementar bloqueadores de señal telefónica en los principales centros penitenciarios del país, debido a que las cárceles son los principales puntos desde donde se generan las llamadas de extorsión.
El hallazgo de teléfonos celulares y objetos ilícitos en los centros penitenciarios de México ha encendido las alarmas en el Senado de la República, que ha solicitado a las autoridades penitenciarias de las treinta y dos entidades federativas intensificar las medidas para frenar la entrada irregular de estos artículos.
La preocupación se fundamenta en datos que revelan la magnitud del problema: nueve de cada diez llamadas de extorsión se originan desde el interior de los penales, según se detalla en el dictamen emitido por la Cámara Alta.
El documento aprobado por el Senado expone que el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México ha registrado más de 200 mil números telefónicos vinculados a intentos o consumación de extorsiones, lo que evidencia la utilización sistemática de dispositivos móviles dentro de los centros de reclusión.
Esta situación ha motivado a los legisladores a exigir un endurecimiento de los controles y revisiones en los establecimientos penitenciarios.
Durante 2024, las autoridades responsables de los 229 centros penitenciarios del país reportaron el decomiso de una amplia variedad de objetos prohibidos.
Entre los artículos encontrados figuran juegos de mesa, armas de fuego, relojes, maquillaje, perfumes, joyería, armas blancas, alcohol, bebidas fermentadas, aparatos electrónicos, drogas, celulares y chips, así como puntas hechizas.
Los senadores subrayaron que, aunque las autoridades han realizado aseguramientos de estos objetos, resulta imprescindible fortalecer la coordinación entre instancias federales y locales para reducir la operatividad de dispositivos que facilitan la comisión de delitos desde el interior de los penales.
El Senado también instó a las autoridades a analizar la posibilidad de trasladar a los internos considerados peligrosos a centros federales de reinserción social, siempre respetando sus derechos humanos.
Esta recomendación surge ante la coincidencia de diversos medios de comunicación, fuentes oficiales y organismos internacionales en señalar que la sobrepoblación constituye uno de los principales desafíos del sistema penitenciario mexicano.
El dictamen enfatiza la urgencia de intensificar las acciones orientadas a evaluar y ejecutar traslados de reos como medida para enfrentar la sobrepoblación, lo que contribuiría a evitar el hacinamiento y los problemas de gobernabilidad que afectan a los centros de reclusión.
El Congreso aprueba mayores sanciones por delitos de extorsión
Las penas por extorsión en México serán más severas tras la aprobación de una reforma que eleva la prisión mínima a quince años y la máxima a veinticinco años para quienes resulten culpables de este delito.
El cambio, impulsado por los legisladores, modifica el primer artículo de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
El dictamen incorpora un nuevo requisito: las autoridades deberán actuar “con pleno respeto a los derechos humanos”, una obligación que no estaba contemplada en la versión anterior del proyecto.
Además, se establece que las fiscalías federales y locales deberán contar con unidades especializadas y personal capacitado, evaluado y certificado en delitos de extorsión. Mientras estas unidades se implementan, las áreas encargadas del combate al secuestro asumirán temporalmente la investigación de estos casos.
La reforma también contempla penas agravadas: si el delito es facilitado por servidores públicos o autoridades penitenciarias, la condena aumentará entre tres y cinco años adicionales al rango general.
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